Los principales sindicatos criticaron ayer el anteproyecto de Ley Empleo Público, que, según afirmó el viceconsejero de Función Pública, tiene por objeto reducir la elevada tasa de interinidad. «Queremos buscar la fórmula que nos permita afianzar el empleo temporal de naturaleza estructural y, con ello, aprovechar el talento de estos profesionales», señaló Andrés Zearreta, que realizó un llamamiento a las centrales sindicales tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración de la CAV.

Un encuentro, celebrado en Gasteiz, que mostró las diferencias existentes entre el Ejecutivo y los sindicatos. Igor Eizagirre, de ELA, exigió la retirada del anteproyecto porque es un «corta y pega» del presentado la pasada legislatura, que no contó con el apoyo de ningún sindicato. A su juicio, el texto de Lakua «somete» a los empleados públicos a intereses privados y deja abierta la puerta a la subcontratación de servicios. «Con este texto de partida, no podemos empezar a negociar», destacó.

Una opinión compartida por Gorka Berasategi, del sindicato LAB, que advirtió de que el anteproyecto está «muy ligado» al Estatuto Básico estatal y a la legislación española. Y lamentó que el texto, que a su parecer no aborda la temporalidad, presenta una perspectiva «muy mercantilista» en la gestión de los servicios públicos, lo que lleva a una «flexibilidad brutal» en la Administración y abre una «vía peligrosa a las amortizaciones masivas de puestos de trabajo con un estilo neoliberal».

Por su parte, CCOO subrayó que se trata de «un proyecto continuista que mantiene gran parte de los defectos que ya se pusieron de manifiesto en la pasada legislatura». «Ese proceso no fructificó en una nueva ley y ha sido retomado ahora, y sigue adoleciendo de los defectos que el sindicato expuso ampliamente argumentados», añadió, para recordar que uno de estos defectos fue «obviar la obligación de negociar con la representación del personal incontables materias que afectan a sus condiciones de trabajo y al propio desempeño de sus tareas».

110.000 empleados

UGT señaló que el borrador presentado por el Gobierno PNV-PSE es «muy mejorable», y afirmó que, «hoy por hoy, no reúne los requisitos imprescindibles para dar salida a las diferentes problemáticas existentes». Asimismo, reclamó a Lakua que busque el mayor consenso sindical, ya que se trata de una norma que podría regular el acceso y las condiciones de trabajo de 110.000 empleados públicos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Cabe destacar que, entre otros aspectos, la Ley de Empleo Público abordará la selección y formación del personal empleado público, la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, la provisión de puestos de trabajo y movilidad, la negociación colectiva y la normalización lingüística.