ELA ofreció ayer, en una rueda de prensa que tuvo lugar en su sede de Iruñea, su análisis sobre el proyecto de presupuestos para 2018 presentado por el Gobierno que preside Uxue Barkos. Los comentarios de Iñaki Zabaleta, responsable del Gabinete de Estudios, y Mitxel Lakuntza, coordinador en Nafarroa, reflejaron el profundo malestar del sindicato respecto a la labor del cuatripartito.

La central abertzale, que aportó varias comparativas sobre los datos manejados respecto a la evolución de algunas partidas presupuestarias, sostiene que este proyecto es «continuista» y se ha elaborado «sin ningún tipo de participación social» y «para satisfacer las políticas de Rajoy y los intereses de las entidades financieras».

La alusión al Gobierno español se explica, en palabras de ELA, porque el presupuesto confeccionado en Iruñea «viene previamente condicionado por el límite de déficit y la regla de gasto». «Conviene recordar –añadieron– que estas políticas de ajuste fueron acordadas entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno español. Navarra se compromete por medio de ese acuerdo a cumplir la regla de gasto y a aceptar los límites de déficit y deuda pública establecidos, renunciando a la capacidad de Navarra de decidir su política presupuestaria».

Auditoría de la deuda

Tras criticar el marco jurídico actual, los representantes de ELA indicaron que «el siguiente paso» que da el Ejecutivo navarro es «destinar casi 1 de cada 4 euros del presupuesto a pagar el Convenio, la deuda pública y los peajes en la sombra».

«El Gobierno examina partida a partida dónde se puede ajustar o recortar el presupuesto –añadieron– y, sin embargo, esto no sucede con la deuda pública, ya que el Gobierno continúa sin auditar la deuda, impidiendo que la ciudadanía conozca lo que pagamos y que el propio Gobierno pueda tomar medidas para combatir o corregir esta partida». Al hacer referencia a algunas partidas concretas, señalaron que «nos siguen situando a la cola de la UE en inversión pública en sanidad y educación».

Por todo ello, ELA considera «preocupante» que los presupuestos defendidos por el Gabinete Barkos «no planteen un cambio de modelo» y que «ni siquiera discutan la ideología de la austeridad del artículo 135 (de la Constitución española)».