El Juzgado Central de Vigilancia Penitencia de la Audiencia Nacional hizo público ayer un auto muy esperado ante la posibilidad de que supusiera la vuelta a casa de Ibon Iparragirre. No será así, tampoco ahora, aunque el prisionero sí saldrá de Alcalá-Meco. De modo inesperado, se ordena «a la mayor brevedad posible» su traslado a la Unidad Cerrada del centro hospitalario Aita Menni de Arrasate. Es una medida planteada a última hora por la Fiscalía, frente a la que todavía cabe opción de recursos.

El tribunal de excepción reconoce que existe un «riesgo vital» para el represaliado vasco, enfermo de sida. Y alude a la enorme disminución de las defensas, «lo que aumenta la posibilidad de enfermedades oportunistas como la neumonía –que ya padeció Iparragirre– y que pudieran, de no tratarse adecuadamente, producir la muerte del mismo».

«Si el estado de salud del penado se agravase por la presencia de enfermedades oportunistas que puedan conducir a la muerte de este, su ubicación en un centro hospitalario de crónicos como el referido, permitirá controlar la enfermedad del interno y valorar en un tiempo prudencial la evolución de la misma a los efectos legales oportunos», recoge en consecuencia el auto, en el que se deja abierta la puerta a la aplicación del artículo 91 del Código Penal. En el mismo, se establece que podrán obtener la suspensión de condena o la libertad condicional los «enfermos muy graves con padecimientos incurables» si «queda acreditado tras la práctica de los informes médicos que, a criterio del juez de Vigilancia Penitenciaria, se estimen necesarios». Una circunstancia que se cumple en el caso de Iparragirre, ya que existen al menos cuatro informes en los que se da cuenta de la grave situación del preso.

El propio auto de la Audiencia Nacional señala que «ni el Centro Penitenciario –en este caso Alcala-Meco–, ni la propia Enfermería del mismo son los lugares más adecuados para atender a un interno en un estadio de VIH C3 en el que está expuesto a cualquier infección mortal por escasez de defensas». «En consecuencia resulta razonable el traslado a un centro hospitalario a fin de controlar la situación actual de la enfermedad ante la posibilidad evidente de enfermedades oportunistas, dado el bajo número de defensas del interno», añade.

Etxerat y Sortu

El auto ha suscitado el malestar de Etxerat, que considera «insuficiente y cruel» este ingreso en Aita Menni. «Al objeto de poder estabilizar su enfermedad y respetar así su derecho a la salud y una asistencia médica digna, entendemos que la legislación penitenciaria dispone de suficientes mecanismos como para garantizar se cumplan las medidas de control, como son la pulsera telemática o la presentación periódica en el juzgado».

En la misma línea se pronunció Sortu, que dejó claro que «no es esta la decisión judicial que esperábamos, se podían haber tomado otro tipo de decisiones que conciliasen las medidas de control con la necesidad de un tratamiento adecuado para su enfermedad, en su casa y con sus familiares». «Ibon debería haber estado en la calle hace tiempo con solo habérsele aplicado el 'principio de humanidad', vetado a estos presos. Esta decisión entra dentro de la legislación de excepción».