El pasado sábado, como cada año desde hace ya demasiados, miles de personas se acercaron a Bilbo para reclamar el fin de la dispersión. Pero por primera vez lo hacían con la noticia de que París dará curso en las próximas semanas a las peticiones individuales de traslado penitenciario a Mont-de-Marsan y Lannemezan. Por primera vez parece que la República comienza a sentar las bases de una política propia sobre la cuestión vasca, desmarcándose de la línea que hasta ahora le marcaba el Reino de España, una democracia de palacio, concebida en el Pardo, parida en la Zarzuela y que tras cuarenta años de vida en la Moncloa muestra claros signos de desgaste, consumida no sólo por la corrupción y la pésima gestión de sus recursos, sino por el deterioro de su propia estructura, una, grande y libre. Parece complicado que Madrid cambie su política penitenciaria, pero el gesto de París abre un resquicio por el que se trasladará el debate sobre una medida que es básicamente vindicativa y poco respetuosa de los derechos fundamentales, no sólo de la personas presas sino de las miles que se encuentran a este lado de las rejas, condenadas a recorrer miles de kilómetros por el único delito de amar. Así lo manifestaron una vez más este sábado miles de personas, dispuestas a hacerlo mil veces mil, pero con la esperanza de que sea la última.