Cientos de tunecinos se manifestaron ayer en el aniversario de la Revolución de los Jazmines, las protestas encuadradas en la llamda primavera árabe que pusieron fin a décadas de gobierno del dictador Zine El Abidine Ben Alí hace siete años.

En esta ocasión el aniversario ha tenido un significado especial puesto que hace apenas seis días se produjeron manifestaciones para reivindicar exactamente lo mismo que provocó las movilizaciones de la Revolución de los Jazmines.

Más de 800 personas fueron detenidas en las protestas del pasado lunes, de las que el Gobierno responsabilizó a los «alborotadores» de la oposición, que ha negado cualquier tipo de implicación.

Una de las concentraciones tuvo lugar frente a la sede de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), en Túnez capital, pero también hubo manifestaciones en otros puntos, como la emblemática avenida Habib Burguiba. Los miembros del colectivo ciudadano «Manich Msamá» («No perdonaré») desfilaron blandiendo las imágenes de los «mártires» de la revolución. «Esto es lo que nos ha hecho el Gobierno. Los bolsillos están vacíos por las decisiones injustas del Gobierno. Soy profesor universitario y mi esposa es maestra, pero a día de hoy lo pasamos mal para conseguir lo que necesitamos», argumentó Fuad, uno de los manifestantes.

«Tras la revolución de 2011 solo hemos conseguido la libertad de expresión (...), pero seguiremos en las calles hasta que recuperemos nuestros derechos económicos igual que hemos hecho con nuestra libertad», apostilló.

La Policía desplegó un importante dispositivo principalmente para separar a los seguidores del Frente Popular (FP) –en la oposición– y a los del partido islamista Ennahda –integrado en el Gobierno de coalición–. El Gobierno y Ennahda acusan al FP de organizar las protestas.

El malestar general frente a una tasa de desempleo estimada en 15% según datos oficiales, se exacerbó con el anuncio de un aumento de impuestos previsto en el presupuesto de 2018.

Las protestas también reclaman una lucha más eficaz contra la corrupción y una reciente ley económica. Esa ley «destruye el poder de compra de la mayoría de los tunecinos y sirve a los intereses de corruptos y saqueadores», dijo Hama Hamami, portavoz del Frente Popular.

En respuesta, el Gobierno ha anunciado que se destinarán 170 millones de dinares (unos 57 millones de euros) para la población más necesitada, unas 250.000 familias.