Israel congelará de manera temporal el plan de deportación masiva de unos 38.000 inmigrantes africanos que debía comenzar el 1 de abril si estos no abandonan antes el país «voluntariamente», informó ayer el digital Times of Israel.

La paralización del polémico plan, que ha provocado protestas en el país, se hace para «abordar cuestiones legales que rodean la campaña», después de que el Tribunal Supremo planteara que la actual iniciativa tenía defectos legales, señaló ese medio. De acuerdo a esta fuente, el Estado ha dejado claro que seguirá con los procesos administrativos de cara a las deportaciones y que los solicitantes de asilo que están en centros de detención no serán liberados.

Se espera que el Supremo se pronuncie en los próximos días sobre el plan, después de las peticiones que ha recibido en su contra, una decisión que podría incluir la suspensión total del proceso.

El plan de deportación fue aprobado por el Gobierno en enero y afecta en su mayoría a eritreos y sudaneses que entraron clandestinamente desde Egipto antes de que Israel levantara una valla en la frontera con el Sinaí.

Este programa contempla que sean encarcelados de manera indefinida si no aceptan marcharse a un tercer país con incentivos que incluyen pagos de efectivo y un billete de avión, aunque exime a unos 6.000 niños y a los hombres y mujeres con menores a su cargo, que podrán extender sus permisos de residencia.

Los críticos aseguran que el proyecto no garantiza la protección de los demandantes de asilo, a los que Israel considera «infiltrados», y que no existe transparencia a la hora de informar sobre dónde van a ser enviados.