La secretaria general de LAB, acompañada por integrantes del Área de Mayores y Pensionistas del sindicato, compareció ayer en Bilbo para presentar las bases que garantizarían unas pensiones públicas dignas no solo a las actuales 690.000 personas que en Hego Euskal Herria las perciben, sino también a las próximas generaciones.

En representación de las personas que encabezan las actuales movilizaciones, Carlos Ruiz abogó por incrementarlas para forzar al Ejecutivo español, pero también a los gobiernos de Gasteiz e Iruñea, «a asumir sus responsabilidades» en la creación de un sistema «que nos permita garantizar las pensiones del futuro». «Es importante que se sostengan las movilizaciones como soporte para conseguir las reivindicaciones», subrayó.

Garbiñe Aranburu alertó de que las actuales políticas «no garantizan unas pensiones dignas a los pensionistas actuales ni a los del futuro». «Lo que está haciendo inviable ese sistema público de pensiones son todas las políticas neoliberales y las diferentes reformas laborales y de pensiones que se nos han impuesto en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis de 2008», argumentó.

Añadió que «el objetivo de las medidas que se imponen es raquitizar lo público para engordar lo privado y beneficiar al capital financiero». «Se trata de producir un colapso en las cuentas públicas, que ya se está dando, y así vender fondos y planes privados de pensiones como alternativa», insistió. Aranburu advirtió de que «no es una alternativa real para la mayoría social, que no dispone de medios suficientes para hacer planes privados por la precarización existente».

Por ello, la central abertzale insiste en que ahora que miles y miles de pensionistas han tomado las calles «es más necesario que nunca» situar en el centro de la agenda política el debate de las pensiones.

LAB resalta que el 52% de las personas pensionistas tiene una pensión mensual inferior a 1.000 euros, por lo que se hace imprescindible «dejar de mirar a Madrid» y «construir un sistema vasco de Seguridad Social». «Es necesaria una doble voluntad política: diseñar políticas públicas para garantizar mejores condiciones de vida y contar con instrumentos soberanos para poder desarrollar políticas integrales», expone.

Cinco bases mínimas

El sindicato concreta en cinco las bases para asegurar unas pensiones públicas dignas, partiendo de que toda persona disponga de unos ingresos mínimos mensuales de 1.080 euros, tal y como fija la Carta de Derechos Sociales de Europa, para cubrir necesidades básicas. Defienden que los gobiernos de Iruñea y Gasteiz tienen recursos económicos y legislación que la avale a través de la Renta de Garantía de Ingresos.

Reivindican también el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante su actualización en función del IPC. Además, exigen que sean derogados los recortes aplicados por los gobiernos de PP y PSOE, incidiendo en que el Pacto de Toledo «no es un espacio neutral» desde el que se pueda revertir la situación, ya que la mayoría de sus componentes «tienen más compromisos con los intereses financieros que con la defensa de un sistema público de pensiones».

Sostienen que hay correlación de fuerzas en Hego Euskal Herria para promover un sistema propio de Seguridad Social y abogan por la creación de empleo de calidad para sustentar que las pensiones del futuro sean públicas y dignas.