El Gobierno francés ha puesto en marcha una «consulta ciudadana» sobre la reforma de las pensiones que se formalizará dentro de un año en un proyecto de ley cuyo eje central será implantar un sistema por puntos por el que cada euro cotizado dé los mismos derechos de cara a la jubilación. La aplicación de la reforma se pretende hacer de forma escalonada «a lo largo de una decena de años».

Según afirmó recientemente el portavoz del Ejecutivo, Christophe Castaner, el sistema actual no es ni justo ni fiable en términos financieros. Además, alertó de que la relación entre trabajadores y jubilados, que era superior a 3, es ahora de 1,7 y tenderá a disminuir.

Sobre el sistema de puntos, el comisario para la reforma de las pensiones, el exministro Jean-Paul Delevoye, señaló que será «más comprensible, justo y adaptado» a la sociedad del futuro, en particular porque facilitará la equivalencia de derechos de personas con carreras profesionales variadas y que, por ejemplo, hayan trabajado en el sector privado o en el público.

«El objetivo es que con una carrera idéntica y con idéntico ingreso, la pensión sea idéntica», explicó, algo que ahora no ocurre debido a los diferentes regímenes para la empresa privada y la Administración. En este sentido, el comisario precisó que se examinará si se justifica mantener algunas especificidades en los 42 regímenes especiales, como por ejemplo para los militares o para los trabajadores independientes.

En principio se mantendrá con carácter general la edad de jubilación voluntaria a los 62 años. No obstante, Delevoye, en una entrevista publicada por “Le Parisien”, también hizo notar que con el sistema de puntos la regla de una edad de jubilación fija quizá no tendría tanto sentido, ya que en función de los puntos acumulados cada persona puede optar por retirarse con esos años o con más.

El Estado francés mantendrá el sistema por reparto: los cotizantes en cada momento son quienes pagan con sus cotizaciones las pensiones de las personas jubiladas porque «corresponde con el ADN» francés, diferente de los que han optado por métodos de capitalización.

No obstante, se contempla un complemento, que podría ser por capitalización o con un sistema de cotización complementaria obligatoria para quienes tienen una alta remuneración, que está por fijar, pero que se situaría en los 120.000-160.000 euros anuales, según Delevoye.

La idea es que todas las personas generen una cuenta virtual a lo largo de su vida activa cada vez que coticen, incluyendo cuando estas cuotas las asume el Estado, por ejemplo, en los períodos de paro.

En el momento de la jubilación, los derechos adquiridos se traducen en una pensión en base a un coeficiente de conversión calculado a partir de la edad de jubilación y la fecha de nacimiento.

La reforma, en cualquier caso, no comenzaría a aplicarse hasta la próxima legislatura, esto es, en el año 2022.