«Un mazazo». Así califica Xabier Agirre, técnico de intervención social de Médicos del Mundo Euskadi, la sentencia con la que el Tribunal Constitucional (TC) echó por tierra en noviembre la normativa autonómica que pretendía paliar los efectos, trágicos como explicamos ayer, del Real Decreto de 2012 sobre la población migrante. «Es un ataque contra el derecho a la salud», resume en conversación con GARA. Además, admite, no se lo esperaban. Y es que en diciembre de 2012 el TC resolvió en un fallo provisional que la Administración vasca podía mantener la asistencia sanitaria a los inmigrantes, un criterio que ha cambiado en la sentencia definitiva. «Nos parece una decisión muy equivocada», valora, añadiendo que en este ámbito «todo ha sido negativo; el TC avaló el decreto de 2012 pese a que vulnera el derecho a la salud, y ahora no respeta el margen de gestión sanitaria vasca, cuando tenemos la competencia transferida».

La realidad de los migrantes

Nada más conocerse el fallo, el consejero de Salud, Jon Darpón, respondió, a preguntas de EH Bildu, que el Ejecutivo estudiaría la forma de seguir prestando atención integral a las personas migrantes que acrediten tres meses de residencia, que es la condición que se había mantenido en la CAV. De hecho, días antes de conocerse la sentencia, Lakua había modificado el decreto para fijar en tres meses la exigencia de padrón, en vez de un año como había ocurrido hasta entonces. Agirre se remite a las declaraciones del consejero para calibrar la reacción gubernativa tras el fallo judicial, pero respecto a lo acontecido durante estos años, señala que «el decreto vasco establecía unas condiciones bastante más favorables [al del Ejecutivo español], y los movimientos del Gobierno Vasco han ido encaminados a conservar el espíritu de ese decreto». Aunque apostilla que «nunca ha llegado a funcionar bien, y eso se lo hemos dicho al Departamento de Salud».

Según señala, «no lo han hecho tan bien como nos hubiera gustado, porque hay que vigilar que se cumplan las instrucciones, y no se está vigilando lo suficiente, ni siquiera de los mínimos establecidos en el Real Decreto, que son: urgencia, menores de edad y embarazadas». Explica que en estos colectivos «ha habido muchísimas vulneraciones, y las seguimos teniendo, en una cantidad de no creerse, en supuestos que están especialmente protegidos». También afirma que si bien «hay que reconocer que sobre el papel (el decreto vasco) blinda bastante el tema sanitario», sin embargo, «no tiene en cuenta la realidad de la gente migrante: los problemas de empadronamiento, de documentación, el no tener un pasaporte con el que acreditar la identidad, que es un requisito indispensable, igual que el empadronamiento».

El desconocimiento de los afectados

Agirre también hace mención al desconocimiento existente entre el colectivo migrante sobre sus propios derechos. «Tenemos una cantidad enorme de personas que no saben que están siendo vulneradas en su derecho a la salud, y a estas alturas ya les parece normal que cuando llegan no tengan derecho a la sanidad, o eso es lo que creen».

Añade que «muchos inmigrantes nos han llegado diciendo que habían intentado acceder al sistema sanitario y que se lo habían impedido en el centro de salud; porque estaban ilegales, sin empadronar, o por la razón que sea. Esas personas han salido de aquí informadas, pero no hemos podido informar a todo el colectivo afectado, y esas personas que han tenido la experiencia de vulneración de sus derechos, y que además lo han vivido como algo normal, lo han ido transmitiendo». En este sentido, señala que quienes acuden a Médicos del Mundo a su consulta sanitaria, «cuando les hacemos la pregunta de por qué no han ido antes a un centro de salud, lo que te dicen es que no tienen derecho». «La gente está dejando de ir», resume. Según explica, «al Gobierno Vasco le estamos diciendo que son ellos quienes tienen que hacer una campaña informativa; tienen que decir: ‘si tienes un problema de salud, vete al médico’. Pero no lo hacen, y no lo hacen porque subestiman el problema. Dicen que se trata de casos aislados, pero nosotros vemos que no es así, que de hecho sólo estamos viendo la punta del iceberg».

Se puede hablar de crisis humanitaria

Le preguntamos por los datos aportados por el estudio sobre el incremento de la mortalidad tras el decreto del PP y si podría hablarse de crisis humanitaria. Agirre no muestra duda: «Llevo usando las palabras ‘crisis humanitaria’ desde hace tiempo. Creo que sí».

El trabajador social expone que «la atención sanitaria va a tener efecto a medio y largo plazo. Las personas migrantes están empezando a pensar que para poder ir al médico tienen que estar muy mal, porque si no, se les va a rechazar» y, a consecuencia de ello, esas personas «van a llegar más graves, van a tardar más tiempo en recuperarse». Por otro lado, censura que «en el ámbito de Osakidetza se están dando excesos con personal administrativo que no tiene cualificación sanitaria y que está diciéndole a personas que acuden enfermas que no están suficientemente mal. Esto es una bomba».

Junto a ello, Agirre insiste en la importancia del acceso a los medicamentos, «que es una parte crítica es esta historia». Indica que en el caso de las personas en situación irregular y sin tarjeta sanitaria tienen que pagar el 100% de la medicación, con lo cual «el derecho a la salud se convierte en un derecho de papel: personas a las que se les receta un medicamento en papel luego no pueden comprarlo. Y vemos casos en los que las recetas son paracetamol o ibuprofeno, pero también antibióticos, medicación para el corazón, medicación para el cáncer…».

«Lo hemos trasladado en infinidad de ocasiones al Departamento de Salud –explica–, pero no consideran que este tema corresponda a Osakidetza, lo consideran un problema relacionado con la pobreza. Pero también hemos participado en el Plan Vasco de Inclusión, y cuando hemos intentado introducir estos asuntos, creen que es un tema sanitario, y andan pasándose la patata caliente de unos a otros». Por otra parte, recuerda que «en Bilbo hemos tenido la inmensa suerte de que ha habido durante 25 años una organización, Anesvad, que apoyaba económicamente a todas las personas con dificultades, pero eso terminó hace dos años. Y lo asumió Cruz Roja, pero Cruz Roja no va a poder mantener indefinidamente y lo va a tener que dejar también. Y en teoría en un plazo muy breve». De modo que, advierte, «estamos con una cantidad muy grande de gente que se queda sin medios de acceder al medicamento que se le prescribe. Entonces, aunque se dé atención sanitaria, no podemos garantizar que compre la medicación que necesita, porque ninguna organización puede apoyar económicamente a todas esas personas. Y las instituciones no lo están asumiendo». Así que, volviendo a la pregunta inicial, concluye que «sí estaríamos hablando de una crisis humanitaria».

Una crisis que sería mayor si la gente que emigra no viniese con buena salud, en general, porque el “turismo sanitario”, uno de los argumentos del PP, «es inexistente». «Hay casos muy muy aislados –expone–, y en la mayoría de ellos hablamos de supervivencia, de gente que vive en países donde no tienen acceso a una especialidad determinada. Y además, la inmensa mayoría tiene familiares aquí, de modo que yo no pondría en tela de juicio su derecho a venir a reunirse con un familiar». «Pero sobre todo, estamos hablando de sobrevivir», insiste.

 

en nafarroa se ha optado por un sistema de exenciones

Nafarroa replicó al decreto de 2012 con una norma que reconocía la sanidad a todos los empadronados desde el primer día. Cuando el TC dio en febrero la razón a Madrid, en principio se barajó emitir ayudas para que las personas afectadas pudieran abonar el falso seguro. Como idea, era algo absurda, pues las ayudas salían directamente de las arcas públicas para regresar a ellas. Jurídicamente, se justificaba en que el Estado ha determinado los límites de la asistencia sanitaria y son de obligado cumplimiento, pero no ha acotado los límites de la asistencia social. Finalmente, en abril se tomó la decisión definitiva, estableciéndose exenciones de pago obligatorio del falso seguro a todas las personas que quedan excluidas del sistema sanitario.

Pero esta medida no se entiende como un derecho sanitario, sino que se aplica para no abocar a esa gente «a una situación de especial vulnerabilidad». Formalmente se aplica a todos los irregulares, siempre que exista un convenio y la renta sea menor a 18.000 euros. En la práctica, el colectivo que el Estado obliga a sacar del sistema público de salud y el que se beneficia de las exenciones de pago del seguro es exactamente el mismo.Aritz INTXUSTA