Desde el año 2008 la manada de corruptos que nos gobierna está intentando convencernos de que el actual sistema de pensiones públicas no es viable; eso a pesar de los brutales recortes de estos últimos años y de la ampliación de la edad de jubilación para, según decían, hacerlas viables. Utilizan para ello argumentos tan peregrinos como el bajo índice de natalidad, el envejecimiento de la población y la longevidad de los pensionistas que cada vez se resisten más a morir, argumentos que se desbaratan al ver el alto porcentaje de parados y la cantidad de jóvenes que tuvieron que emigrar, lo que no hace necesario una alta natalidad, sino darles un puesto de trabajo con un salario digno a los ya nacidos para que puedan cotizar aquí; el envejecimiento de la población es similar al de otros países de la UE, pero tampoco varió tanto desde el año 2011, cuando había más ingresos que gastos en la caja de pensiones, y la longevidad no parece ser un problema cuando el Estado admite expedientes de regulación con jubilaciones a la carta a los 52 años, si las empresas o entidades financieras lo solicitan para destruir empleo con el fin de obtener unos beneficios escandalosos. Además, países como Austria, con igual porcentaje de envejecimiento, destina a las pensiones un 5% más del PIB.

Los verdaderos argumentos son que pretenden hacerlo inviable rebajando un 2% la cotización de las empresas, como hicieron en julio de 2012, bajando los salarios y potenciando el trabajo precario, pues poco puede cotizar un trabajador que tenga un salario inferior al ya miserable Salario Mínimo Interprofesional. Por esas razones, solo a partir de ese año empezaron a ser mayores los gastos que los ingresos y no por otro motivo.

El actual sistema público de pensiones es viable, pues solo destina el 9,5% del PIB, cuando la media europea llega al 11,9%, con un envejecimiento de la población parecido. Además el gasto de administración de esas pensiones es de un 3,35% de los ingresos, frente al de las privadas que asciende a un 13,13%, un 9,78% que nunca recaerá en las pensiones porque se queda en las garras de las financieras.

El problema es que pretenden hacerlas inviables porque el sistema financiero es un saco sin fondo que nunca se ve lleno. Quieren privatizar todos los bienes públicos y no pueden permitir que más de 115.729 millones de euros anules fluyan directamente por medio del Estado, de los trabajadores activos a los pensionistas y jubilados, con un mínimo coste de gestión y sin dejarles nada entre las uñas.

Para ello es necesario crear una opinión pública favorable a la inviabilidad de los sectores públicos, y en eso anda trabajando la Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), un grupo de «expertos» presididos por Rodrigo Rato, condenado por la Audiencia Nacional a 4,5 años de cárcel por apropiación indebida, y otros personajes chaqueteros como José María Fidalgo que fue secretario general de CCOO y ahora da seminarios en la Fundación FAES de José María Aznar y pide el voto para UPyD), que se dedican a hacer informes que luego el Gobierno y los medios de comunicación del régimen distribuyen como si fuese una verdad revelada, pronosticando un déficit a corto plazo en la Seguridad Social, mientras siguen recortando recursos y mandan pacientes a la sanidad privada.

Tampoco se puede esperar que los sindicatos de obediencia española se opongan al desmantelamiento de este sistema público, pues ellos mismos son los que dan el visto bueno a los recortes de los Gobiernos en el Pacto de Toledo y son directamente beneficiarios de esos planes de pensiones privados, pues CCOO y UGT ingresan más de un millón de euros por supervisar el plan de pensiones de los empleados públicos.

No es cierto que no haya dinero, pues además de los 48.000 millones de euros que se llevó la manada de corruptos del partido del Gobierno, perdonaron 4.000 millones a las grandes empresas y fortunas por negligencia de Montoro; 5.124 millones que también perdonaron en el impuesto de Sociedades, por créditos fiscales al banco Santander, CaixaBank y Bankia; 4.000 millones en bonificaciones en las cotizaciones de los empresarios; 6.800 millones en cotizaciones a las empresas que contratan empleados con salarios superiores a los 40.000 euros anuales; se rescatan bancos por 40.000 millones y autopistas por 6.000 millones de euros; se camuflan 11.000 millones de dinero público en comprar fragatas, tanques y otros juguetes para contentar a los militares; se gastan 8.434 millones en una institución parásita como la Monarquía y, a pesar de ser oficialmente un Estado aconfesional, se subvenciona con más de 11.000 millones anuales a otra institución tan obsoleta y anacrónica como es la Iglesia católica. Un total de 144.358 millones de euros dilapidados entre lo que roban los de la banda de Rajoy, lo que perdonan, lo que regalan y lo que malgastan en cosas innecesarias, mientras nos dicen que no hay 2.300 millones, necesarios para garantizar la subida del IPC a las pensiones. Decir que no hay dinero es un insulto a nuestra inteligencia, pues no solo hay para eso, sino que con esos 144.350 millones todavía sobraría mucho después de incrementar las pensiones más bajas hasta los 1.080 euros necesarios, para vivir dignamente. El problema no es que no haya dinero, el problema es que está mal administrado y mal distribuido.

Los que verdaderamente no son viables son los planes que nos quieren vender, por su alto coste de gestión, por la poca o nula rentabilidad y por los altos impuestos que hay que pagar al percibirlos; además son imposibles de pagar por el trabajador debido a la precariedad laboral y los sueldos de miseria. Se trata de nuevos productos tóxicos del sistema financiero, amparados y legalizados por el Gobierno, los mismos que cuando le afean su conducta sienten «ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!», como dijo en Alicante la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, mostrando el odio y el desprecio que sienten, no solo por los que no les votamos, sino también por aquellos irresponsables que les dan el voto para que nos sigan robando.

Tenemos que seguir luchando, pues en las privadas su pensión dependerá del rendimiento de los activos en los que el fondo invierta su dinero, que en una situación de crisis financiera pueden ser negativos durante muchos años y entre pagar el costo de gestión y el alto porcentaje que se vuelve a pagar de IRPF, nunca se llegara a cobrar lo invertido. Los planes de pensiones privados son unas nuevas preferentes, que darán dolor de cabeza a más de uno en su vejez por meter el dinero en ese saco sin fondo.