Durante los años más cruentos de la dictadura de Augusto Pinochet, miles de chilenas dieron a luz a bebés a los que no pudieron ver y de cuya muerte fueron informadas mientras permanecían dopadas por alguna sustancia que les fue administrada. Ninguna recibió papel ni certificado alguno que demostrara su paso por el hospital. Es el caso de Margarita Escobar, de María Orellana y de Josefina Sandoval. Pero también de otras miles de madres que exigen justicia y han puesto todo su empeño en encontrar a sus hijos.

Decidido a arrojar luz sobre estos dramas, el juez especial en derechos humanos Mario Carroza investiga desde enero el robo de bebés durante la dictadura, una causa que ha ampliado hasta 2000 ante nuevas denuncias.

Su bien parece descartarse el robo de bebés como método represivo, como en Argentina, se cree que las condiciones en la dictadura facilitaron la actuación de grupos dedicados a secuestrarlos para enviarlos al extranjero con fines lucrativos, como ocurrió en el Estado español desde el comienzo de la dictadura de Franco y donde acaba de abrirse el primer juicio.

El rol protagonista lo jugaron asistentes sociales, religiosos, médicos o funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables de escasos recursos y sustraían a los niños o les engañaban para que los dieran en adopción.

La vigencia hasta 1988 de una ley que permitía borrar los orígenes de las familias biológicas contribuyó a fomentar la práctica en un país sumido en esos años en el silencio y el temor, explica la historiadora Karen Alfaro, quien añade que la práctica se «inscribe también dentro de una lucha ideológica de la dictadura de Pinochet, un tipo de violencia social sobre los sectores más pobres». No hay registros del número de niños enviados al extranjero. Solo se sabe que entre 1973 y 1987 se realizaron 26.611 adopciones en Chile.

Sin papeles que respalden su historia, muchas madres han guardado su dolor hasta que se empezaron a conocer los primeros casos y se formaron grupos de búsqueda en las redes sociales. Uno de ellos es «Hijos y madres del silencio», con 3.000 seguidores en Facebook. «Necesi- tamos que se abran los archivos, las fichas de los hospitales y que se haga esto público para que la gente que está fuera de Chile se dé cuenta de que pudo ser una adopción ilegal», señala Marisol Rodríguez, su portavoz.

En tres años, el grupo ha logrado casi 90 reencuentros. Las pruebas de ADN son su mayor ayuda. Muchas madres se están realizando los test rápidos para acceder a bancos genéticos internacionales.