Los taxistas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se sumaron ayer a la huelga en solidaridad con sus compañeros de Barcelona. El motivo del paro es la paralización por parte del TSJC de una regulación de las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) que había propuesto el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La nueva norma pretendía acotar la expansión de ese tipo de licencias que son utilizadas por los conductores que trabajan para multinacionales como Uber o Cabify. El malestar entre los taxistas por la situación del sector es tan grande que también se han sumado la mayoría de asociaciones de taxistas del resto del Estado.

El conflicto surge a raíz de que esas multinacionales se han expandido valiéndose del vacío legal que dejó la aprobación en 2009 de la conocida como ley ómnibus. Esta norma liberalizaba varios servicios, entre ellos los de transporte, de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea, la famosa directiva Bolkestein. La eliminación de «trabas burocráticas» que impuso la UE ha hecho que la oferta en determinados servicios no haya dejado de crecer, como en el caso de los taxis. Esa sobresaturación no ha traído ninguna mejora, ni tampoco un aumento de la competencia, puesto que por mucho que se aumente la oferta o se bajen los precios, la demanda de ese tipo de servicios está limitada. Al final la sobreoferta está provocando una caída generalizada de los ingresos –al repartirse el mismo pastel entre más– que está arruinando al sector. Nada que no conozcan los economistas desde la universidad.

Pero en esta, como en otras muchas cuestiones, se antepone la ideología a las evidencias. No es extraño que detrás de la solicitud de suspensión de la regulación propuesta por AMB esté la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un organismo público que debería velar por una competencia efectiva, pero en la práctica se preocupa únicamente de desregular los mercados para dejarlos en manos de los poderosos.