Entre el Estado español y francés siguen las entregas de personas que la Policía intercepta en fronteras como la de Irun sin documentación en regla. Las devoluciones se producen de policía a policía sin seguir ningún tipo de procedimiento judicial y, por tanto, en clara contradicción con la legislación internacional. Según los datos del Gobierno español, este último año más de una persona al día ha sido entregada por este procedimiento en suelo vasco, aunque los expertos que siguen este tema ponen en duda la cifra y consideran que habría que tener en cuenta el uso de otro tipo de fórmulas, con lo que la cifra total seguramente sea mayor.

El mecanismo se puso en marcha en 2002 tras la firma del Acuerdo de Málaga entre los gobiernos de los dos estados. A pesar del elevado estatus de los firmantes, el procedimiento pactado no ofrece ningún tipo de garantías para las personas detenidas y entregadas, como la asistencia de un abogado o la posibilidad de presentar un recurso, en lo que es una clara vulneración de los derechos humanos. Poco parece importar esto en una Europa donde en cuestiones de seguridad prima cada vez más el control sobre los derechos de las personas. Por esa razón, la libre circulación se ha convertido en una quimera y el espacio Schengen, creado para garantizarla, ha pasado de ser una área sin fronteras internas a una zona con multitud de tamices, por los que algunas personas pasan, pero otras quedan atrapadas en una malla cada vez más tupida.

Entre los autobuses que llegan a nuestras estaciones cargado de inmigrantes a los que alguna vez nadie espera y las entregas entre policías en la frontera que divide administrativamente a nuestro país, vamos completando el cuadro de la migración al que parecíamos ajenos. Destacan en él las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por los estados, pero también la solidaridad y el apoyo popular catalizados por iniciativas sociales. Y junto a ello, también un bochornoso silencio institucional.