El fiscal Jorge di Lello decidió imputar al presidente Mauricio Macri y varios miembros de su Gobierno por «abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público», al no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo suscrito en junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, además, solicitó sea paralizado. La denuncia que ha dado lugar a este proceso fue presentada por miembros del partido Unidad Popular, del Movimiento Popular La Dignidad y del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

El fiscal envió un requerimiento al juez Julián Ercolini para que inicie formalmente una investigación penal contra la cúpula del Gobierno. Además de a Macri, el fiscal imputó al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo; y a «todo aquél que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable».

«Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido», explica el fiscal Di Lello en su resolución, divulgada por los denunciantes. En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo señalan en su querella que la conducta del Gobierno para acordar con el FMI un crédito de 50.000 millones de dólares es «violatoria de la Constitución».

«El acuerdo con el FMI no cuenta con aprobación del Congreso. Por lo tanto, el presidente de la nación, y los funcionarios y ministros que han operativizado su firma y ejecución, se está arrogando facultades del Congreso», añaden.

Según las disposiciones legales a las que hacen referencia, el Poder Ejecutivo tenía que haber sometido el acuerdo al estudio del Legislativo, algo que no ocurrió al interpretar el oficialismo que se trata de un asunto sobre el que el Congreso no tiene competencia. Los demandantes también exigen que se suspenda cautelarmente la ejecución del acuerdo y que el Gobierno se abstenga de «futuros retiros o solicitud de fondos» de ese plan y del uso de los fondos de dinero ya transferidos (15.000 millones de dólares).

Plan de ajuste

Paradójicamente, la decisión de la Fiscalía se conoció poco después de que el ministro Dujovne se reuniera en Washington con la directora del FMI, Christine Lagarde, para renegociar el convenio con el fin de acelerar el cobro de una nueva partida de los 50.000 millones de dólares comprometidos.

Para buscar la aprobación de la institución internacional, el Gobierno aprobó el lunes un plan de austeridad presupuestaria que tiene como ambicioso objetivo llegar al “déficit cero” en 2019. En un mensaje a la nación televisado, Macri justificó los nuevos recortes apelando a la necesidad de despejar las dudas de los acreedores.

 

Susto de Tapia al caer un ascensor en su visita oficial a Buenos Aires

Arantxa Tapia participó ayer, en Buenos Aires, en una jornada organizada por la Unión Industrial de Argentina (UIA) que clausuró Mauricio Macri. La representante vasca no se entrevistó con el mandatario argentino, sino con el ministro de Producción, Dante Sica, con quien compartió «un gran susto», como señaló la propia consejera de Desarrollo Económico en su cuenta de Twitter, al caer unos diez metros el ascensor en el que se encontraban. Como explicó, «afortunadamente» el incidente no causó lesiones a ninguno de los ocupantes del elevador. «Estamos listos para seguir con nuestra agenda de trabajo. Gracias por los mensajes que habéis enviado», añadió en sus comentarios en la citada red social.

En cuanto a su intervención en la XIV Conferencia de la UIA, una disertación ante 2.000 personas según informó el Gobierno de Lakua, Tapia señaló que «los agentes públicos y privados de Argentina se hallan inmersos en un profundo debate acerca de las políticas económicas e industriales que deben desplegar para reconducir la compleja situación en la que se encuentra el país». Y, en este contexto, expuso «la intensa apuesta industrial realizada en Euskadi, tanto en tiempos de crisis como de bonanza, siendo una apuesta público-privada en la que siempre han participado el conjunto de las instituciones, independientemente de los partidos que las gobernaran».GARA