En sus últimas comparecencias ante la prensa, las plataformas vascas de pensionistas están incidiendo concretamente en el gravoso impacto que tiene para muchos hogares, no solo para las personas jubiladas, el precio de la electricidad y el gas.

En el manifiesto que leerán en la jornada de movilización general del 1 de octubre, también se incide en este punto: «El acceso a la energía es una necesidad básica a la que por desgracia una parte muy importante de la sociedad (especialmente personas mayores y pensionistas) no puede acceder». Y se hicieron eco de dos datos significativos sobre la situación en el Estado español: «el 11,1% de los hogares son incapaces de mantener la vivienda a una temperatura de 18Cº en invierno» y «un 21% de la población vive en situación de pobreza energética, especialmente personas mayores, pensionistas, desempleadas, desempleados».

En este contexto se enmarca el debate suscitado por el Gobierno de Pedro Sánchez al plantear una reducción de impuestos a las compañías eléctricas para «compensar» la subida del recibo de la luz para el consumidor medio.

Críticas de consumidores

Las organizaciones de consumidores creen que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica anunciada por el Ejecutivo del PSOE es una solución coyuntural, un «parche», y consideran necesario revisar todo el sistema energético y aclarar cada concepto de la factura. La valoración de Facua-Consumidores en Acción ha sido tajante, al indicar que esa medida es «una tomadura de pelo», ya que la subida del precio del kilovatio por hora (kWh) en setiembre superará por sí sola la rebaja del comentado impuesto.

Esa organización explicó que la factura del usuario medio se ha encarecido en otro 3,4% en la primera mitad de setiembre y que, de mantenerse este porcentaje al finalizar el mes, el incremento interanual quedaría establecido en el 15,8%.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, subrayó que el descuento en el recibo que puede derivarse de la bajada del impuesto a la generación, que pasará del 7% a cero, será «poco más que el precio de un café».

Además, calificó de «bochornoso» que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de [Mariano] Rajoy y cuyo partido ahora también pide su eliminación».

Facua ya trasladó al Gobierno de Sánchez un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de los hogares, entre las que se incluían la bajada del IVA de la electricidad al 4% y la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada.

Seis meses de subidas

El portavoz de la OCU, Enrique García, también opinó, en declaraciones a Efe, que la eliminación del impuesto del 7% a la generación «solo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores».

«Llama mucho la atención que la primera medida que se tome para abaratar el precio de la luz sea quitarle un impuesto a las empresas. Tendremos que ver si en los próximos días esa bajada se traslada íntegramente a los precios de la electricidad», advirtió García.

En ese sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comentó que la eliminación del impuesto a la generación eléctrica tendrá un coste para el erario público de unos 1.000 millones de euros.

Además, avisó de que Hacienda estará «muy vigilante» para garantizar que la supresión de este impuesto repercuta en la factura, porque, según dijo, el objetivo final de esta medida es abaratar el coste de la electricidad a los usuarios.

El mercado mayorista acumula desde marzo seis meses de continuas subidas, como subrayó la OCU, que estima que setiembre se podría cerrar con un precio en torno a los 70 euros por megavatio hora (MWh), lo que supondrá un nuevo incremento en la factura de la luz de los hogares en otro 3,3%. Según sus cálculos, un hogar medio acumula durante 2018 una factura de 598 euros, 16 más que en el mismo periodo del pasado año y 80 más que en el de 2016.

La Plataforma del Tercer Sector sí considera un avance la suspensión del impuesto a la generación, si bien ha emplazado al Ejecutivo a crear un bono social para hacer frente a situaciones de pobreza energética.