Tal y como se venía anunciando, finalmente se ha confirmado que el precio de la factura eléctrica de un consumidor medio ha subido un 3,5% en setiembre y ya van seis meses de subidas consecutivas. Considerando los últimos doce meses el incremento acumulado ha sido del 15,9%. La cesta de la compra, sin embargo, en el mismo periodo ha subido solamente un 2,2%. De ella siempre se pueden dejar de comprar algunos productos o cambiarlos por otros, pero la electricidad es un servicio esencial. Quitar en esta rúbrica del presupuesto familiar supone, como comentaban dos mujeres que participaban en las movilizaciones de los pensionistas el lunes, utilizar menos la calefacción y abrigarse más. Penurias derivadas de un empobrecimiento general.

El 3,5% de subida en la factura de un consumidor medio corresponde con una familia que tenga contratada una potencia de 4,4 kw y consuma anualmente unos 3.900 kwh. La factura más cara la pagó esa familia durante el primer trimestre de 2012 y alcanzó los 88,66€. Tras ella están los 87,81 euros de enero de 2017 y, por último, los 83,55€ de este mes de septiembre que acaba de finalizar sería la tercera más cara de la historia. Acercándonos una vez más al récord.

El debate se enreda

La subida del precio ha desatado una cascada de declaraciones y de propuestas para reducir el precio del kilovatio eléctrico. Como suele ocurrir en estos casos, la mayoría han cogido el rábano por las hojas. Los analistas echan la culpa a la subida de los precios del gas, un 40% en los últimos 12 meses, y de los derechos para emitir CO2, un 300% en el mismo periodo, aunque paradójicamente, lo que ha marcado el precio en aproximadamente el 63% de las horas ha sido la energía hidroeléctrica. Sin ser un año seco, el precio de la electricidad de origen hidroeléctrico ha subido mucho. Las renovables se han encarecido más que las energías fósiles, algo a todas luces incomprensible, más teniendo en cuenta que no tienen emisiones de CO2.

No obstante, se sigue hablando de la descarbonización y de la necesidad de avanzar en la transición energética. Y las energéticas han dado aire a ese señuelo. Así, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se presentó como el adalid de la lucha contra el cambio climático y llamó a «actuar ya» en la cumbre de la ONU UN Global Compact 2018. Por su parte, el consejero de Repsol, Josu Jon Imaz, advertía hace unos días en el Foro Tendencias que la descarbonización está bien ,pero que «no debemos hacer el canelo». Y así todos: mirando al dedo.

La transición energética es una cuestión urgente, pero no explica por qué la electricidad que más sube es precisamente la de las renovables. Además, las compañías eléctricas del Estado tienen una capacidad instalada para producir electricidad hasta los 100.000 MW, cuando el pico de demanda máxima registrado ha sido de 40.000 MW. Esto es, existe más del doble de la potencia necesaria y todavía se sigue invirtiendo en generación, el ejemplo de la incineradora de Zubieta es ilustrativo. Tanta potencia y tan poco avance resulta muy sospechoso.

El sistema de fijación de precios

El problema de los precios de la electricidad está en otra parte. El fundamental es el sistema institucionalizado entre las eléctricas y el Gobierno para gestionar el suministro eléctrico. Entre otros aspectos llama la atención el mecanismo mediante el cual se fija el precio: se determina allí donde se cruzan oferta y demanda de electricidad.

Para ello se ordenan todas las propuestas, tanto de compra como de venta, empezando por las más rígidas y terminando por las más flexibles. Toda demanda siempre tiene una parte fija –los frigoríficos funcionan todo el tiempo, el alumbrado determinas horas–, y otra variable, algunos procesos productivos se pueden programar.

Por el lado de la oferta ocurre algo similar: las centrales nucleares no se puede parar fácilmente, la eólica funciona cuando hay viento…, y otras tecnologías son más flexibles, como las térmicas y las hidroeléctricas, por ejemplo.

Al final, el precio al que oferta y demanda casan es al que se pagan todos los kwh, independientemente de cómo se haya producido. Se pagan al mismo precio puesto que se considera que todos son necesarios para que el sistema esté abastecido y funcione. Pero un mecanismo de precios de este tipo apenas estimula el cambio de tecnología.

Formalmente es un sistema competitivo en el que deberían entrar las mejores ofertas, pero en realidad cinco grandes empresas lo controlan completamente. Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo son responsables del 60% de la oferta de electricidad, y del 90% de los clientes finales. Las mismas compañías actúan, por tanto, a ambos lados de la ecuación para fijar el precio de la energía. No es que haya poca competencia, es que no existe ninguna. Todo es un simulacro que nada tiene que ver con un mercado, y mucho menos con un mecanismo competitivo.

El poder de las eléctricas

En estas condiciones no es extraño que las empresas eléctricas continúen siendo las empresas más rentables. Endesa, por ejemplo, ha ganado 752 millones en el primer semestre de este año, un 15% más que en el mismo periodo del año pasado. Iberdrola, por su parte, ganó 1.367,7 millones el primer semestre de este año, un 27% que el primer semestre de 2017.

Para que este mecanismo de producción de rentas funcione convenientemente, las eléctricas tienen perfectamente engrasado el sistema de puertas giratorias. Los consejos de administración están plagados de políticos. Sin ánimo de ser exhaustivo algunos ejemplos: Gabriel Añoveros Trías de UPN y Cristina Garmendia del PSOE, en Gas Natural Fenosa; Braulio Medel del PSOE, Ángel Acebes del PP y Javier Sagredo de PNV, en Iberdrola; Ana Cuevas, Arsenio Fernández de Mesa y Jose Folgado del PP en Red Eléctrica Española.

Otros componentes del precio

Aunque el precio del kwh ha subido durante el último año, lo cierto es que en la factura que paga el pequeño consumidor, solo representa el 35% del total. El resto, el otro 65%, corresponde a impuestos y peajes establecidos por el Gobierno para compensar los gastos del sistema; pero también para compensar otras cuestiones mucho más discutibles, como la exuberante sobrecapacidad de potencia instalada; u otros costes, reales o ficticios, como los famosos costes de transición a la competencia.

Según los cálculos realizados por Facua-Consumidores en Acción, esta parte de la factura se ha incrementado un 150% –se ha triplicado– en los últimos quince años, pasando de ser el 1,73 euros/kW/mes a finales de 2003 hasta llegar a 4,36 euros/kW/mes en agosto de este año. Detrás de esta subida no está ni el incremento del precio de los carburantes, ni la sequía, ni ninguna otra excusa, solo la necesidad de recaudar más, pero por la puerta de atrás.

El discurso que aboga por bajar los impuestos directos porque «ahogan» a la gente y «desincentivan a los emprendedores» casa perfectamente con estas subidas de tapadillo de los impuestos indirectos. Estas no molestan a los poderosos porque se pagan a escote, y a los ricos no les supone una gran carga, pero destroza la economía de cualquier pensionista que ahora, por ejemplo, tiene que pagar al mes casi 3 euros más por cada kW contratado que hace quince años.

Facua propone considerar la electricidad suministro esencial y rebajar el IVA al 4% del 21% actual. A una familia con una factura media le ahorraría nada menos que 130 euros al año. La propuesta ha sido silenciada.

El gobierno propone cambios sin modificar lo esencial

El Gobierno español ha anunciado varias medidas para afrontar la subida del recibo de la luz. La primera de ellas era eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica que se estableció en 2013, pero apenas afectará al precio final del kwh, simplemente por la forma en la que funciona el actual sistema de fijación de precios. Eliminar ese impuesto supondrá simplemente aumentar el margen de las empresas eléctricas.

Otras medidas como obligar a las comercializadoras a enviar a los clientes sus curvas de consumo, así como simulaciones de lo que se ahorraría con una tarifa de discriminación horaria es una exigencia lógica, sobre todo, después de que haya obligado a poner contadores «inteligentes» para medir el consumo de cada hogar cada hora. Que al menos esa información no sirva solamente a las eléctricas para afinar todavía más sus ganancias y permita a las familias ahorrar. También valora el Gobierno que la potencia se pueda contratar en tramos de 0,1 kW y no de 1,1 kW como hasta ahora, para ajustar mejor la potencia a las necesidades. A qué esperaban.