El director del colegio Gaztelueta del Opus Dei, Imanol Goyarrola, y el presidente de la entidad titular, Juan Anguisola, dieron anteayer una rueda de prensa para defender al exprofesor de ese centro que ha sido condenado recientemente en primera instancia a 11 años de cárcel por abusos a un alumno. Aprovecharon la comparecencia, además, para arremeter contra la víctima y desacreditar una sentencia que está fundamentada en diferentes pruebas.

No solo no mostraron la más mínima empatía con el joven víctima de los abusos sino que, como denunció su padre ayer, le revictimizaron. Además atacaron al tribunal dando muestra de una soberbia propia de quien se cree no solo por encima de los demás, sino también por encima de la propia justicia. No parece que vaya con este centro el acatamiento de las resoluciones de la justicia secular, lo que viene a corroborar lo que tribunal afirmó en la sentencia: que la investigación de la denuncia careció de la debida diligencia. Por extensión, la reacción pone en cuestión la vigilancia y protección que dicha institución ofrece a los alumnos que cursan allí sus estudios. Como cualquier otra persona, el presidente y el director de colegio pueden tener las convicciones personales que quieran sobre lo ocurrido, pero en el ejercicio de una responsabilidad pública como representantes de un colegio tienen que atenerse, como el resto de los mortales, a lo que dice la ley, y en este caso también a la más básica humanidad.

Solamente la familia ha reaccionado y anunciado que estudia emprender acciones legales. Que el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, antes obispo de Bilbo, no tome cartas en el asunto pone en cuestión la determinación para erradicar la pederastia. Esta, en cualquier caso, es una cuestión que atañe a la Iglesia. Pero al tratarse de la enseñanza, un ámbito público y un colegio concertado, el Departamento de Educación de Lakua también debería actuar de oficio.