Varios alcaldes de importantes ciudades italianas se niegan a aplicar la nueva ley para la seguridad y la inmigración impulsada por el ministro de Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, por considerarla «inhumana» y que induce al «crimen».

El alcalde de centroizquierda de la capital siciliana, Leoluca Orlando, explicó el pasado jueves en la emisora RAI que suspendió la aplicación porque viola los derechos humanos. «Es un texto inhumano porque viola los derechos humanos e induce al crimen al calificar como ilegales a personas que se encuentran legítimamente en nuestro territorio», agregó al respecto.

El alcalde impugna, en particular, la medida que prohíbe la obtención del derecho de residencia a una persona con un permiso de estadía en el territorio. Y es que la nueva ley prohíbe a los ayuntamientos emitir un documento de identidad o de registro al Servicio Nacional de Salud, obligatorio para acceder a un médico de familia. Otros alcaldes han seguido el ejemplo, como los de Nápoles y Florencia, y también el de Parma, Federico Pizzarotti, disidente del Movimiento 5 Estrellas, aliada de la ultraderechista Liga.

El Parlamento italiano aprobó en noviembre un controvertido decreto-ley que endureció su política migratoria. La norma suprime permisos de residencia humanitarios otorgados hasta ahora a personas vulnerables, familias o mujeres solteras con hijos y víctimas de traumas.