El caso del índice IRPH utilizado por bancos y cajas en los contratos de hipotecas llegó ayer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que los tribunales del Estado español defendieran los intereses de los bancos frente a los de la ciudadanía. En la vista, el Reino de España y Gran Bretaña protegieron al sector financiero mientras la Comisión Europea amparó a los hipotecados, junto con los abogados de IRPH Stop Gipuzkoa, la plataforma que destapó en 2013 la injusticia en el uso de este índice opaco y abusivo.

El IRPH continúa costando a las personas que lo tienen en su hipoteca unos 1.000 euros más de media al año. El cálculo de este índice todavía no ha podido ser auditado al depender de los datos que envía la banca y que no han podido ser contrastados. A pesar de ello el Estado español continúa defendiéndolo y arguye –como razón de peso– que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Sostiene además que la falta de transparencia no hace abusiva una cláusula, con lo que implícitamente reconoce que nadie sabe cómo se calculaba aquello que se difundía en el diario oficial español. Grandes argumentos más propios de tahúres que de un Gobierno digno de tal nombre.

Goldman Sachs ha calculado que el impacto en los bancos de una sentencia favorable a los consumidores estaría en una horquilla entre 7.000 y 44.000 millones. El Estado español incluye entre los argumentos para defender ese índice el impacto que tendría una sentencia desfavorable en el sistema financiero. Subrayar el impacto negativo para la banca puede que sea efectivo para asustar a la opinión pública y presionar a los jueces de la Corte de Luxemburgo, pero deja en muy mal lugar al supuesto Estado de Derecho. Asustar con el impacto para esconder que detrás de ese índice se esconde una estafa masiva cometida con el beneplácito de todos los poderes del Estado contra sus propios súbditos. La picaresca y el expolio como viva imagen de un Estado corrupto.