La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una de las columnas vertebrales del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y el Establecimiento de una Paz Estable y Duradera firmado entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos el 24 de noviembre de 2016.

El presidente, Iván Duque, acaba de asestarle un duro golpe al objetar seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, asumiendo como propios algunos de los postulados del expresidente Álvaro Uribe y del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Uno de los artículos objetados hace referencia a la reparación de las víctimas. «Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas», señaló Duque. La sentencia de la Corte Constitucional C-080 de 2017 establece que fue el Acto Legislativo 01 de 2017 el que extinguió la obligación de «indemnizar los daños causados por los combatientes sin prejuicio de la obligación colectiva de las FARC de entregar los bienes para la reparación, de acuerdo con un inventario de los mismos». Duque busca que las reparaciones se hagan a nivel individual y no colectivo.

Otra de las exigencias del mandatario es que la verificación de las personas que participan en el proceso de paz «debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás», manifestó Duque en su breve discurso del domingo.

Sobre la suspensión de las acciones de la Justicia ordinaria frente a las personas sujetas a la JEP, consideró que el articulado es «inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Es conveniente definir con precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria». Remarcó también que el Estado «no debe renunciar a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables».

También objetó dos artículos que regulan la extradición de las personas sujetas a la JEP, lo que podría afectar a la situación del exnegociador plenipotenciario de las FARC Jesús Santrich, en prisión aún en virtud de una orden de extradición de EEUU por narcotráfico.

«No estamos ante un choque de trenes. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Queremos una paz que garantice la verdad, la justicia, la reparación y no repetición», alegó Duque.