La detención y posterior puesta en libertad de un hombre en Madrid por haber ayudado a morir a su mujer afectada de esclerosis múltiple desde hace más de 30 años, y que había pedido reiteradamente ayuda para terminar con su sufrimiento, ha reabierto de nuevo el debate sobre la legalización de eutanasia. Lo ha hecho además en plena precampaña electoral, lo que ha molestado especialmente a algunos políticos que han pedido que se aparte el tema. Una posición que lleva a preguntarse para qué son las campañas electorales si no se puede hablar de los temas que interesan a la gente. Más cuando ha habido una iniciativa legislativa sobre esta cuestión en la legislatura que termina y que ha decaído tras haber sido reiteradamente retrasada en el Congreso.

En Euskal Herria este debate se ha dado varias veces. El Parlamento de Nafarroa en 2011 y el de Gasteiz en 2016 aprobaron sendas leyes sobre el derecho a una muerte digna. Supusieron un avance respecto a la situación anterior, aunque el alcance de ambas continúa limitado por la ley española que prohíbe expresamente la eutanasia. Entre ambas fechas, en otra parte de Euskal Herria el médico de Hazparne Nicolas Bonnemaison tuvo que afrontar dos juicios al haber sido acusado de envenenamiento por haber ayudado a varios pacientes terminales. Fue absuelto en el primer proceso, pero en un segundo juicio terminó condenado a una pena mínima. Incongruencias de unas leyes que no se corresponden con el consenso social sobre una muerte digna. Así lo atestiguaron recientemente las más de 150.000 firmas recogidas por la familia de Maribel Tellaetxea para que se despenalizara la eutanasia.

El reconocimiento del derecho a una muerte digna que dé prioridad a la voluntad de las personas es una cuestión pendiente, que urge cada vez más. Resulta imprescindible que se aborde con celeridad, antes de que un nuevo caso de una persona con una enfermedad terminal que pide que la ayuden a morir vuelva a estremecer a la sociedad.