Las protestas populares en Argelia cumplieron ayer dos meses en medio de un paréntesis político y una agresiva y mediática campaña contra la corrupción con la que, según la oposición, el «nuevo» régimen busca desviar la atención y desligarse del dimitido presidente Abdelaziz Bouteflika, al que apoyó.

Decenas de miles de argelinos volvieron a desbordar las calles por décimo viernes consecutivo para exigir la caída de todo el círculo de poder que parasitó junto a Bouteflika y, en particular, del jefe del Ejército y hombre fuerte del país, general Ahmed Gaïd Salah, mano derecha del expresidente durante 15 años y el hombre que forzó su renuncia, para favorecer una verdadera transición. Un proceso de «cambio radical» que sea dirigido por «hombres íntegros» y en el que no caben, según los manifestantes, ni el presidente del Senado, Abdelkader Bensalah, el jefe de Estado interino, ni el actual líder del Gobierno, Nouredin Bedaui.

El general ha aplaudido la puesta en marcha de una supuesta campaña de «manos limpias» con el inicio de procesos judiciales contra algunas personalidades políticas y empresariales, cercanas a Bouteflika, una estrategia que para la oposición busca «dividir al pueblo» y «desviar las miradas de las verdaderas reivindicaciones de la revolución popular».

El International Crisis Group (ICG) advirtió ayer de que el régimen debe mostrar signos de cambio e invitar al diálogo al movimiento de protesta para evitar la represión y el caos. Sostuvo que la renuncia de Bouteflika «alentó a los argelinos en su objetivo de acabar con el sistema» de poder, sin dar «muestras de debilidad» pese a la represión. Auguró que las protestas seguirán, «incluso si la represión se intensifica», mientras «las autoridades no envíen señales claras de que están listos para romper con el pasado».

La ICG sugiere, en ese sentido, la destitución de prefectos, la disolución del Parlamento y el aplazamiento de las elecciones presidenciales del 4 de julio.