El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer una proposición de ley para regular la implantación de grandes superficies en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Salió adelante con los votos de toda la oposición, que criticó la inacción del Gobierno en una cuestión muy sensible para el pequeño comercio. Ahora comienza el proceso para modificar un apartado de la Ley de Actividad Comercial, concretamente el artículo 13, referido a la implantación y ampliación de grandes superficies.

Es una propuesta que no pretende revolucionar toda la ley sino llenar el vacío que dejó la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 que anuló las anteriores limitaciones porque el Tribunal entendió que eran contrarias a la sacrosanta libertad de establecimiento, consagrada por la directiva Bolkenstein. Que cuatro años más tarde todavía no se haya solucionado aquella supresión parece dar la razón a la oposición, cuando acusa al Ejecutivo de Urkullu de falta de actividad. Más si tenemos en cuenta que en Gipuzkoa bastaron tres meses para que el Gobierno foral cambiara la norma que establecía un peaje a los camiones en la N-I y la A-15, después de que la norma original fuera invalidada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero menos sorprendente resulta si consideramos el alma neoliberal del PNV, siempre dispuesto a seguir la doctrina de laissez faire y apoyar la supresión de reglas que siempre favorece a los grandes y poderosos al tiempo que perjudica a los pequeños, a los que teóricamente defiende.

Los partidos que sustentan el Ejecutivo mostraron su disgusto por la nueva derrota en la Cámara. Pero lo más sorprendente es la reacción de PNV al acusar de hipocresía a EH Bildu y PP por haber coincidido en la votación, como si Lakua tuviera patente de corso para sacar adelante cualquier iniciativa, sea acertada o errónea. Una pataleta reiterada e inflada mediáticamente pero infantil, con la que el PNV da a entender que considera que la ciudadanía vasca no tiene ni criterio ni capacidad de discernimiento.