El fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», ha puesto al Gobierno colombiano a la defensiva después de que “The New York Times” revelara el sábado que el Ejército ordenó incrementar resultados operacionales, lo que pone en riesgo la vida de civiles. La noticia obligó al periodista Nicholas Casey y al fotógrafo Federico Ríos a salir del país ante los ataques del oficialista Centro Democrático.

El diario señaló que el Ejecutivo de Iván Duque está ejecutando «otra encarnación» de los «falsos positivos», crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles –la mayoría campesinos pobres e incluso discapacitados– como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores. Según el diario, en la institución existe una orden para que los militares «no exijan perfección» al matar.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos cometidos entre 1988 y 2014. Los «falsos positivos» aumentaron a partir de 2002 y conocieron su etapa más crítica entre 2006 y 2008», durante el Gobierno de Álvaro Uribe. La ONU calcula que son unos 4.200 los casos investigados.

Matan a otra activista

Mientras, aumenta el número de activistas sociales y por los derechos humanos ejecutados. El lunes por la noche, desconocidos mataron a tiros en Samaniego, departamento de Nariño, a la Personera (autoridad municipal responsable de la defensa de los derechos humanos) de ese municipio, Paula Andrea Rosero, de 47 años.

Según la ONG Somos Defensores, entre enero y marzo, 25 defensores colombianos de derechos humanos han sido ejecutados. En 2018, mataron a 155, un 46,2% más que en 2017.