El Senado de Colombia aprobó el ascenso del jefe del Ejército, Nicacio Martínez, envuelto en la polémica por su presunta implicación en casos de ejecuciones extrajudiciales. Según una informaciones del rotativo “The New York Times”, Martínez habría dado orden de aumentar las muertes y capturas.

La aprobación se dio tras un caldeado debate en el que partidos de oposición expusieron sus dudas sobre el ascenso a general de cuatro soles de Martínez y acabaron abandonando el hemiciclo antes de la votación para expresar su rechazo. Los primeros en dejar el recinto fueron los cinco senadores de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tras una breve intervención de su representante Carlos Antonio Lozada.

Subrayó que la guerrilla firmó el acuerdo de paz en 2016 para poner fin a un «enfrentamiento fratricida entre los colombianos». «Se equivocan quienes creen que la mejor defensa para las Fuerzas Armadas es negar que la doctrina militar del enemigo interno llevó a perpetrar los ‘falsos positivos’. Quiéranlo o no, la firma de la paz abrió la ruta para debatir la pertinencia de esas concepciones», manifestó Lozada. Remarcó que «en algún momento los presidentes y los ministros deben responder por las decisiones que tomaron en el marco y el desarrollo del conflicto». Explicó que los cinco senadores de la FARC se retiraban para no enfrascarse en discusiones porque entendían «que el acuerdo recientemente firmado todavía requiere de avanzar en el camino de construcción de la reconciliación y el entendimiento en un marco de convivencia».

El partido de Gobierno, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, hizo una vehemente defensa de las Fuerzas Armadas y del «honor militar», tarea en la que tuvo el apoyo de los senadores del Partido Conservador, Liberal, Cambio Radical y el de La U.

La controversia por el ascenso de Martínez comenzó el pasado 18 de mayo con un artículo del diario estadounidense “The New York Times” que reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordena a la tropa incrementar sus resultados operacio- nales, lo que pone en riesgo la vida de civiles.

En el artículo, el periodista Nicholas Casey señaló, tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales, que el Ejército puede estar ejecutando «otra encarnación» de los «falsos positivos», lo que se traduce en ejecuciones extrajudiciales de civiles que eran presentados como guerrilleros muertos en combate y que fueron cometidas por militares para obtener por ello permisos y condecoraciones.