«Gure amaren etxea defendatuko dugu»

Defender gure sutondoa, nuestro lar, llar, hogar, significados ya perdidos, pero que perviven en el subconsciente colectivo, transportándonos hacia las raíces de nuestra identidad social. El hogar es el espacio económico y social compartido, donde se transfieren todos los conocimientos y habilidades sociales. Es el lugar donde el comunal se apuntala, la historia local y su mito adquieren continuidad, donde la cultura popular fluye en superposición generacional.

El papel que ha desempeñado la vivienda (y del que nos está desposeyendo el neoliberalismo) se extiende a todo nuestro acerbo identitario, es multidimensional, por lo que analizar su situación actual solamente desde el ángulo económico, desvía nuestra atención del diseño neoliberal de las últimas décadas, que desde todos los niveles (la vivienda es uno más) nos está conduciendo hacia el individualismo, hacia el abandono del espacio público compartido, con-vivido, cuando no hacia la exclusión.

Desde un análisis social integrador hay que tomar el problema actual de la vivienda como un problema más amplio de descohesión social. No se puede hablar de convergencia económica, entre distintos grupos de edad, género o espacios geográficos sin hablar de convergencia social, en la cual es clave una convergencia real en términos de accesibilidad al uso de una vivienda (no tiene por qué ser en propiedad); pero esta accesibilidad debe quedar integrada en políticas más amplias cuyo objetivo final sea el de la interacción del tejido social (en contra del individualismo).

Desde los orígenes de la lucha obrera por la consecución de derechos sociales básicos, el derecho al techo, como a la sanidad o a la educación, ha sido un derecho primordial. En su génesis social recordamos el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Sociales y Económicos, que dice que toda persona tiene derecho a una vivienda. A todos los países que se suman a esta declaración se les obliga a recoger estos derechos en sus respectivas constituciones.

En el marco de la crisis económica de la década de 1970 se comienza a atacar este derecho social para transformarlo en un elemento económico de mercado con cierta protección, abandonando poco a poco el concepto de «bien social». Tras el triunfo del liberalismo y del desmantelamiento de derechos sociales que supuso la aplicación del Tratado de Maastricht (1993) la vivienda, en un salto cualitativo, pasa de ser un elemento económico a ser un elemento especulativo. A las puertas de 2020 la especulación con el derecho a techo ha alcanzado un nivel insospechado, a través de las Socimi y los «fondos buitre», algunos de los cuales se centran casi en exclusiva en este sector de «negocio».

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Con la mercantilización de todos los derechos y necesidades básicas, dejados al libre arbitrio del mercado, así como con la protección, por parte de todos los gobiernos de la UE, de ese «mercado libre», beneficiándolo activamente con sus leyes y exenciones fiscales y abandonando pasivamente la inversión presupuestaria a manos del mercado a las personas necesitadas de vivienda. Resumiendo, el camino recorrido para llegar a los fondos buitre ha sido:

Primero. Desproteger el alquiler, deshacerse del parque social de vivienda (años 80-90) y empujar a la gente a la propiedad.

Segundo. Un endeudamiento masivo y sin control para acceder a la propiedad de una vivienda (años 1990-2008).

Tercero. Una crisis económica no resuelta que ha llevado a un descenso generalizado de los salarios reales y a la precariedad, con una ejecución masiva de desahucios.

Cuarto. Los nuevos hogares que se van formando, compuestos sobre todo por personas jóvenes y personas divorciadas, sujetas a esa precariedad y en vista de que, primero, no pueden acceder a una hipoteca y, segundo, tomando conciencia de que la propiedad es del banco hasta que se paga la última cuota, y por ello el desahucio es una terrible realidad, han optado de forma masiva por el alquiler.

Quinto. Los grandes fondos de inversión han visto esta realidad y se están haciendo con el mercado de la vivienda para sacar pingües beneficios del alquiler. La corrupción política e institucional aumenta las posibilidades de su beneficio.

1. El alquiler desprotegido

Resumiendo mucho, podemos marcar los hitos legislativos que han marcado la desprotección del derecho a la vivienda; unos hitos que, a su vez, dirigían el mercado hacia la especulación con una necesidad básica.

En la Euskal Herria y la España del cemento y el ladrillo, tan unidos a la corrupción, tras las reconversiones industriales hay una apuesta clara por el sector de la construcción como tractor de la economía. Para ello hay que impulsar la propiedad. Esto se logra regulando en contra del alquiler y con una gran propaganda de la banca tendente al endeudamiento masivo.

El PSOE, en el Real Decreto-Ley 2/1985 sobre medidas de política económica, introdujo el primer gran paquete de medidas liberalizadoras en materia de alquiler. Esta ley no solamente eliminaba cualquier intervención pública sobre futuros contratos, que pasaban a ser como cualquier otro contrato mercantil, sino que marcaba la forma en que paulatinamente se irían actualizando las rentas y los contratos anteriores a esta fecha; así, planteó un sistema gradual de revisión de las antiguas rentas, protegidas con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964. Pero habría que esperar hasta la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley 29/1994, también del PSOE, para liberalizar totalmente el sector.

En esta situación, el mercado del alquiler ha llegado a alcanzar unas rentas mensuales medias muy por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2008, momento previo al pinchazo de la burbuja, el alquiler medio en la CAPV era de 968,9 euros mensuales, cuando el SMI era de 700 euros. La crisis ajustó levemente el mercado, su precio más bajo fue en el año 2013, con una renta media mensual de 825,4 euros. A partir de este momento inicio el ascenso, y a partir de 2016 hasta 2019, la subida supera el 19%.

En el primer trimestre de 2019, el alquiler medio ofertado en la CAPV asciende a 1.047,7 euros mensuales (el SMI es de 900 euros). La horquilla entre herrialdes es amplia, la media del alquiler mensual en Araba son 882,1 euros, en Bizkaia 967,3 euros y en Gipuzkoa 1.257,2 euros.

Lo grave es que el alquiler de VPO en la misma fecha alcanza en la CAPV una media de 482,9 euros de renta mensual, o sea el 53,65% del SMI mensual.

La situación de España (y en Euskal Herria es la misma) en relación a la vivienda social está muy alejada de los países de nuestro entorno. El nivel del alquiler social en España apenas alcanza el 2,5%, frente al 17% de países como Francia y Gran Bretaña o casi el 30% de Holanda.

Ante estos datos y la escasa protección pública al alquiler, es lógico que los necesitados de vivienda hayan optado por intentar acceder a la propiedad, de la que las rentas bajas –y también rentas medias– están expulsadas.

En este sentido, cabe resaltar que ni el Ejecutivo Vasco, ni el de Madrid, están creando vivienda pública. Por el contrario, permiten que Bankia –con accionariado público–, se está desprendiendo de miles de viviendas que está vendiendo a fondos buitre; así como Kutxabank, el «banco público vasco» según nos han querido vender, ha traspasado la mayoría de sus inmuebles hipotecados a otro fondo de inversión buitre en el que la propia Kutxabank tiene participación.

2. El espejismo hipotecario

Desprotegido el alquiler por el sector público, la banca impulsaba el endeudamiento masivo en un negocio redondo: la banca o sus empresas participadas eran las tenedoras del suelo y de las constructoras, y con prestamos a 35 años acababan cobrando el 70% más del valor inicial de la vivienda. Y todo esto sin arriesgar nada: en caso de impago ejecutaban la hipoteca.

La legislación fiscal favorecía este juego, desgravando la propiedad de la vivienda y no el alquiler (este no fue desgravado hasta 2006); además, quitaba íntegros de la base imponible los intereses del préstamo. Con lo que el endeudamiento era subvencionado entre todos los contribuyentes para beneficiar en exclusiva a la banca, que vende de forma más atractiva su «producto».

«Hipoteca basura» es el nombre que se ha dado a las hipotecas concedidas a personas con muy pocos ingresos y precariedad laboral, que ante el duro ajuste económico de la crisis (desempleo masivo, bajada de salarios, mayor precariedad) han visto no solamente cómo perdían su vivienda, sino además cómo siguen debiendo dinero al banco por una propiedad que ya no tienen.

Desde 1988, que comienza la existencia de estadísticas, y hasta 2003, el precio de la vivienda en la CAPV ha aumentado el 1.550,87%. Podemos afirmar que ha sido el aumento más elevado de toda la OCDE.

Aunque el precio ha caído considerablemente con la crisis, la especulación que le precedió fue tan elevada que la serie histórica sigue marcando una evolución elevada del precio en los últimos quince años. Entre 2003 y abril de 2019 ha aumentado otro 26,2%, a pesar del ajuste de la crisis.

La crisis: descenso del precio de la vivienda libre y gran subida del precio de la vivienda pública protegida. En el conjunto del periodo 2007–2016, Iruñea es la capital más afectada por la caída de los precios, con un descenso del 53,2% (sin distinguir tipos de vivienda, el precio medio ha pasado de 2.754 euros el m2 en 2007 a 1.290 euros el m2 en 2016).

En la CAPV, en el ámbito de la vivienda nueva libre, la mayor reducción del precio entre el cuarto trimestre de 2007 y el primero de 2019 corresponde a Bilbo con una caída del 37,2% (ha pasado de los 5.385,3 euros a los 3.380,4 euros por metro cuadrado), en Gasteiz ha caído el 33,4% (pasando de los 4.009,6 euros a los 2.667,4 euros por metro cuadrado). La reducción de precios es mucho menor en Donostia, con un 10% (ha pasado de 5.450,2 euros a 4.900,3 euros por metro cuadrado).

El precio medio de la vivienda nueva libre en el total de la CAPV, ofertada por promotoras e inmobiliarias, se sitúa en el primer trimestre de 2019 en 277.400 euros. En cifras absolutas, el precio total de las viviendas nuevas libres ofertadas por promotoras e inmobiliarias es 22.700 euros superior al ofertado hace doce meses. Aunque como es obvio, esta es la media total; cuando nos centramos en las capitales, los precios varían considerablemente (son 230.100 euros en Gasteiz, sube a 315.100 en Bilbo y llega hasta los 379.000 euros en Donostia)

Si bien es cierto que la crisis reajustó el mercado libre en los primeros años, encareció de forma sustancial la vivienda social. Se observa que, mientras que el «mercado» ha corregido –por falta de compradores– parte de su gran burbuja especulativa, la vivienda pública ha seguido aumentando sus precios. De hecho, «los constructores» han enjuagado su situación de caída de actividad con la ayuda del sector público, construyendo viviendas sociales y públicas a precios cada vez más cercanos a las viviendas libres.

La media del precio por m2 de la vivienda protegida en el total del territorio de la CAPV ha subido un 34,7% durante la crisis (2007–2019), pasando de 1.322,9 euros a 1.773,7 euros, mientras que la vivienda nueva libre ha bajado un 20,6%, pasando de 4.132,2 euros a 3.281,1 euros.