19/09/2019

Caso Altsasu: Las defensas piden justicia y la Fiscalía hace política

Las razones jurídicas de las defensas de los jóvenes de Altsasu se encontraron con un alegato político en favor de la Guardia Civil de las acusaciones. El Supremo tiene ya la palabra.

Aitor AGIRREZABAL|madrid
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El futuro de los jóvenes de Altsasu condenados por la Audiencia Nacional (ocho, siete de ellos actualmente en prisión) se juega ya en la deliberación del Tribunal Supremo, tras una vista oral definitiva ayer en la que las defensas demandaron justicia y proporcionalidad frente a unas acusaciones centradas en ensalzar políticamente a la Guardia Civil.

Una frase del fiscal Álvaro Redondo lo resumió perfectamente y sin medias tintas: «La Guardia Civil no es una asociación de amigos que se reúne para comer un asado, sino una institución fiel a España, al Rey y a la Constitución». Y ello lleva a las acusaciones a poner la palabra de los dos agentes implicados en la pelea de Altsasu y sus dos compañeras por encima de la de los condenados y los testigos. Y por encima de la falta de elementos probatorios y las dudas sobre las identificaciones en las que incidieron las defensas.

Se debatían los recursos presentados por estas. Las acusaciones no han recorrido esta vía, dando así por buena la sentencia que terminó saliendo de la Audiencia Nacional, pero sí han presentado alegaciones a los informes de las defensas, de modo que todas las partes acabaron tomando la palabra en la sesión de ayer, que se prolongó durante unas tres horas.

«Investigación sesgada»

Esta vista en el Alto Tribunal español sirvió a las defensas de los jóvenes altsasuarras para incidir tanto en la falta de pruebas como en la distorsión generada en la instrucción por la Guardia Civil. Jaime Montero, abogado de Oihan Arnanz, habló por ejemplo de «investigación sesgada» al haberse «mezclado» en el cuerpo militar «los roles de investigadores y víctimas».

No obstante, también incidió este abogado en que la Audiencia Nacional ha creado «indefensión» al aceptar acríticamente su relato al mismo tiempo que se denegaban pruebas presentadas por las defensas.

Esta desprotección se extiende hasta la sentencia de la Audiencia Nacional. Un detalle revelador es que en ella se escribió sobre Adur Ramírez de Alda que «no queda suficientemente acreditado que estuviera en casa dormido» cuando se produjo el incidente del bar Koxka. Su letrada, Jaione Karrera, recordó a los jueces del Supremo que cuando no se ha probado la participación de alguien en el delito imputado lo que procede es que se imponga la presunción de inocencia.

El rigor de las identificaciones volvió a ser caballo de batalla principal en esta vista del Supremo, como ya lo fue en la Audiencia Nacional. A modo de detalle, el abogado de Arnanz denunció que su defendido es rubio y de ojos claros pero en la rueda de reconocimiento policial se le puso junto a personas de «piel oscura y pelo negro azabache», con lo que resultaba casi inevitable señalarle.

Otro tanto le ocurrió a Aratz Urrizola, según manifestó su abogado, José Luis Galán. «En cuanto a Iñaki, no estuvo en el Koxka en toda la noche», recordó sobre Abad, al que también defiende. Además, pidió que se analice el vídeo clarificador que este joven grabó y en que se ve al teniente de la Guardia Civil con la camiseta blanca impoluta pese a haber afirmado que fue pisoteado reiteradamente.

Siguiendo con las defensas, Manuel Olle añadió el caso de Julen Goikoetxea (su defendido junto a Jon Ander Cob), incidiendo en que solo ha sido identificado por los denunciantes y que en el juicio le exculpó incluso el que denominó como «testigo estrella» de la acusación.

En cuanto a Cob, el abogado subrayó las contradicciones de los denunciantes al imputarle cosas distintas en la instrucción y en la vista oral.

Amaia Izko defiende a Jokin Unanumo y Ainara Urkijo. Sobre el primero, indicó que «ninguna de las acciones que se le atribuyen coincide con la lesión más grave», la fractura de tobillo del guardia civil, pese a lo cual fue condenado a doce años de cárcel por la AN. Y por lo que atañe a Urkijo, subrayó Izko que fue considerada culpable únicamente por «formar parte del grupo».

El resto de los argumentos desplegados por las defensas durante unas dos horas fueron de carácter más técnico-jurídico, como cuestionar los criterios de acumulación de penas, los tipos elegidos para llevar algunas condenas hasta los doce y trece años de cárcel, el criterio de «discriminación ideológica» aplicado en beneficio de la Guardia Civil o la agravante de «superioridad».

Dos de los letrados pusieron también ante los jueces del Supremo la cuestión de la inhabilitación de Concepción Espejel, presidenta del tribunal que les condenó en la AN, rechazada en su día. Recordaron de nuevo que Espejel fue condecorada por la Guardia Civil y está casada con un agente, lo que altera su imparcialidad. Las acusaciones dicen no ver nada raro en ello.

El fiscal, duro

Tras la extensa batería argumental de las defensas fue el turno de las acusaciones. El fiscal Álvaro Redondo fue breve, pero duro en su afán de intentar blindar la condena. Así, además de afirmar que los jóvenes están identificados «sin ninguna duda», calificó de «sinsentido» la recusación a Espejel y justificó la agravante ideológica con el ya citado alegato por la Guardia Civil que acabó como titular en casi todos los medios.

En la misma línea de dar preponderancia absoluta al testimonio de la Guardia Civil sobre el de acusados o testigos, Redondo argumentó que «es deber de la sala dar mayor o menor valor a un testigo u otro».

La acusación particular, la Asociación de Guardias Civiles o Covite le secundaron poniendo el acento en negar que haya habido indefensión. Covite se quejó de que «esta es ya la tercera vuelta», puesto que tras la condena de la Audiencia Nacional el caso ya fue revisado en otra instancia de la misma institución.

Todos ellos pusieron notable interés en apuntalar la agravante de «discriminación ideológica», asegurando que los guardias civiles fueron agredidos por serlo. Visto para sentencia.

 

«Sufrimendua amaitzeko» deia egin dute gurasoek Madrilen

Estrasburgotik Madrilera. Europako Legebiltzarrean auziaren nondik norakoak beste behin ere zabaltzen aritu ostean, Altsasuko gazteen gurasoak goizean goiz agertu ziren Auzitegi Gorenaren aurrean, «itxaropena» hitza ahotan. Izan ere, Bel Pozuetak nabarmendu zuenez, «itxaropena izan da hiru urte hauetan eusteko indarra eman diguna».

Auzitegira sartu eta ateratzeko unean, kazetariek hala eskatuta mintzatu zen Adur Ramirez de Aldaren ama, gurasoen izenean. «Itxaropena baino gehiago adierazi nahi dugu –zehaztu zuen abokatuen eta fiskalaren jarduna jarraitu ondoren–. Sufrimendu honi amaiera emateko eskatzen dugu, exijitzen dugu. Guk bakea baino ez dugu nahi, lasaitasunez bizi, gure seme-alabak etxean izan berriz... hori baino ez».

Arratsaldean publiko egindako ohar batean, seme-alaben errugabetasun presuntziorik ez dela inoiz errespetatu berretsi zuten. «Hasieratik bertatik terrorista zirelakoan hitz egin da gure seme-alabez, eta estigmatizazio horrek baldintzatu du beren aurkako epaiketa», adierazi zuten.

Gurasoek Diputatuen Kongresura joateko baliatu zuten Madrilera egindako bidaia; bertan EAJ, EH Bildu, ERC, PDeCAT, Compromis eta Unidas Podemoseko diputatuei azaldu zizkieten kasuaren nondik norakoak.A.A.

 

Casi tres años ya

15 octubre 2016

Una riña en el bar Koxka deja como heridos y contusionados a dos guardias civiles y sus parejas. Es uno de los 9.517 casos similares producidos en el Estado en ese año, pero al tratarse de Altsasu y la Guardia Civil cobra gran realce mediático y político.

14 de noviembre

Nueve jóvenes son detenidos y siete de ellos encarcelados por la jueza Carmen Lamela, de la AN, que asume la investigación con la excusa de que puede constituir «terrorismo». El caso queda, además, en manos de la Guardia Civil.

14 abril 2018

Decenas de miles de personas colapsan Iruñea en denuncia del caso, en vísperas del juicio en la Audiencia Nacional, cuya Fiscalía llega a pedir 50 años de cárcel para seis y 62 para un séptimo.

1 JUNIO

La sentencia descarta «terrorismo» pero impone penas muy altas a los jóvenes (hasta trece años, 79 en total) introduciendo diversas circunstancias agravantes.

7 marzo 2019

La Sala de Apelaciones de la AN confirma el fallo, ante recursos de las dos partes. La Fiscalía se da por satisfecha, pero las defensas acuden al Supremo.

18 setiembre

Vista de los recursos en el Supremo. Posteriormente ya solo quedarían el Tribunal Constitucional y el Europo de Derechos Humanos.

PANEGÍRICO FISCAL


«La Guardia Civil no es una asociación de amigos que se reúne para comer un asado, sino una institución fiel a España, al Rey y la Constitución». Palabra del fiscal del Supremo Álvaro Redondo.