Ayer se llevó a cabo la tercera jornada de huelga de los trabajadores del Metal de Bizkaia en demanda de un convenio sectorial digno. Además de una subida salarial, reclaman el derecho de subrogación, el control de los contratos eventuales y las ETT, y medidas efectivas que garanticen la igualdad de género y la salud laboral. Unas reivindicaciones lógicas que siguen sin ser aceptadas.

El respaldo de todos los sindicatos y el seguimiento masivo que han tenido estas tres jornadas de huelga no han conseguido todavía mover a la patronal FVEM a negociar. Es más, la huelga ha estado marcada por las declaraciones del lehendakari Iñigo Urkullu apoyando la posición de la patronal y dudando de la voluntad de negociación de los sindicatos. Una posición refrendada posteriormente por el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, y ayer mismo por el alcalde de Bilbo, Juan Mari Aburto. Un despliegue de cargos públicos jeltzales que apunta –además de un apoyo incondicional a la patronal– a una apuesta política por doblegar la lucha de los trabajadores del Metal y socavar la unidad de acción de los sindicatos. Esa actitud del PNV no hace sino sembrar dudas sobre la verdadera voluntad de la patronal, enrocada detrás de los cargos públicos a los que la semana pasada pedía que el «gratis total» aprobado por Hacienda de Bizkaia se trasladara a otras haciendas. No pagar impuestos parece ser el único compromiso firme de la patronal vasca con el país; su resistencia a aportar al erario público es otra razón para dudar de su voluntad de dignificar salarios y condiciones de trabajo.

Cuando los datos de pobreza y ausencia de bienestar del país doblan los de hace una década, las reivindicaciones de mejoras salariales de los trabajadores no solamente son lógicas, sino además justas y necesarias para avanzar hacia una sociedad con menos desigualdades y más cohesionada. La lucha contra la pobreza empieza con los salarios, que son el primer paso en la distribución de la riqueza.