Selemane iba en el coche a trabajar cuando ocurrió. «Unos hombres atacaron aquel vehículo. Iban cuatro personas a las que les cortaron el cuello. Después se lo llevaron. ¿A dónde? No sabemos», relata al otro lado del teléfono. Lo normal en Cabo Delgado es que nadie sepa nada. Ni quién está detrás de los muertos ni del porqué.

Los que podrían contarlo, las comunidades mwami de Mocímboa da Praia, el epicentro de la revuelta apenas a un centenar de kilómetros de la frontera con Tanzania, están sometidos al confinamiento impuesto por el Gobierno más allá de la sucesión de playas paradisíacas que comunican Mocímboa con la capital provincial. Los que como Selemane o Amaral, padres de familia a punto de entrar en la treintena, acuden allí a trabajar para las empresas occidentales que se preparan para explotar las mayores reservas de gas descubiertas al sur del Sáhara, suficientes para atender durante 20 años la demanda de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, solo les preocupa cuando se van a retomar las obras. Para no quedarse sin ingresos. «La situación es pésima», confesaba Amaral el pasado febrero, dos días después del ataque. Al menos a Selemane lo habían llevado en helicóptero hasta la base para continuar los trabajos.

Más de 600 muertos después, según la investigación del profesor de historia africana de la Queen's University de Belfast Eric Morier-Genoud, y tras negar durante semanas la existencia de un movimiento insurgente en la zona –simples bandidos llegados del extranjero–, el Gobierno de Frelimo trabaja en un acuerdo por valor de 750 millones de dólares para poner en marcha un consorcio de seguridad privada que proteja los trabajos para la explotación del gas licuado. Hay en juego un negocio de 30.000 millones de dólares.

Erik Prince, fundador de los famosos mercenarios Blackwater, conocidos por su oscura intervención en nombre de Estados Unidos durante la guerra de Irak, tenía un acuerdo con una compañía vinculada a la Inteligencia militar mozambiqueña para hacerse con el contrato de seguridad, pero el escándalo de las deudas ocultas contraídas por valor de 2.200 millones de dólares durante el mandato de Armando Guebuza ha paralizado la firma. El no menos controvertido Grupo Wagner, de origen ruso, es por ahora quien se ha hecho cargo de la seguridad de un proyecto que tendría que sacar de la pobreza a un país donde más de la mitad de la población vive todavía con menos de 2 dólares al día, pero que no ha hecho más que empeorar la realidad en Cabo Delgado

«Hasta 2015, el turismo», con el archipiélago coralino de las Quirimbas como reclamo, «iba como la espuma. Desde Pemba organizábamos viajes hasta la reserva de Niassa o a las playas, después llegaron los trabajadores de Enel, de Exxon y de las demás petroleras. ¡Pagaban habitaciones a 300 dólares la noche!», recuerda Carlo, un ingeniero agrónomo italiano reconvertido a pequeño empresario hostelero. Hoy en el Avani Pemba Beach, levantado sobre la bahía, apenas se alojan algunos retenes de trabajadores chinos, mientras el resto de establecimientos que jalonan la Avenida Da Marginal se pelean por si aparece algún turista. Los accesos a la ciudad están militarizados y las embajadas occidentales emiten recomendaciones de no viajar a la zona. El turismo ya no es siquiera un alivio para la región más pobre de uno de los países más pobres del continente.

El origen de la yihad

A diferencia de otros movimientos radicales vinculados desde su origen a la yihad internacional, Ansar al-Sunnah, habitualmente conocido como Al-Shabaab aunque sin vinculación demostrada con el grupo homónimo somalí, no se ha revelado todavía como una facción alineada. De hecho, más allá de unos vídeos colgados en la red llamando al reclutamiento de nuevos mártires y el rechazo a los símbolos del Estado, nominalmente escuelas, hospitales e impuestos, para imponer la sharia, poco se sabe de sus objetivos.

«Se trata, sobre todo, de una revuelta social a cargo de una población que no se siente respetada. Porque en Cabo Delgado las cosas siempre se han intentado hacer por la fuerza, sin preguntar. La población musulmana de la zona ha sido sistemática expulsada de sus tierras», primero por los colonos, luego por los afines a Frelimo y ahora por las multinacionales, «sin ser consultados. Ellos lo que piden es que se respeten sus creencias, que no haya prostitución ni bebidas alcohólicas en sus aldeas, y que se les incluya en las concesiones de tierras y en los beneficios que genere el gas. Pero nada de eso es tenido en cuenta», explica el profesor de la Universidad Eduardo Mondlane University Yussuf Adam, quizás el mayor especialista de la situación en Cabo Delgado, una región que lleva analizando desde 1970, y sobre la que rehuye hablar de yihadismo: prefiere hablar de gente levantada en armas por la pobreza y discriminación.

Más allá de los desarrollos de lujo de la capital provincial, Cabo Delgado supura miseria en toda su extensión, entre las aldeas de pescadores que recelan de los barcos extranjeros que se esquilman sus costas, como en las comunidades del interior donde la deforestación va más allá de las cifras oficiales del 0,58% anual: de la madera mozambiqueña exportada a China por valor de 400 millones de dólares en 2016, solo fue registrada la salida de material por un montante de 100 millones de dólares.

El contrabando, dirigido por las redes del narcotráfico y la trata de personas expulsadas de Tanzania, y por las mafias chinas involucradas en el tráfico de marfil –la reserva de Niassa perdió 10.000 elefantes entre 2010 y 2015–, madera, charcoal y rubíes de Montepuez, es el único negocio posible: una corruptela que permite vender en Mozambique a 1.200 meticais el mismo producto que compran en Tanzania por 300. «No se puede distinguir la economía ilícita de la economía local en áreas donde prevalece el contrabando. El norte de Mozambique ofrece un círculo vicioso en el que los negocios ilegales han impulsado la corrupción y creado agravios y oportunidades para las comunidades locales, un conjunto de condiciones cruciales para entender un fenómeno como el de Al-Shabaab», señala la investigadora de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Simone Haysom.

Cabo Delgado, donde la población musulmana supone el 58% del total, frente al 18% del total del país, ha sido históricamente uno de los bastiones de Frelimo, que encontró en la comunidad animista makonde un feroz aliado primero en su lucha contra los portugueses y luego en la guerra civil contra Renamo. A través del Conselho Islámico de Mozambique, organización dominada por musulmanes de origen indio, Frelimo mantenía el control sobre la mayoría sufí de practicantes negros residente en el norte.

En la misma medida en la que los makonde y los líderes religiosos sureños del Conselho Islámico acumulaban tierras y negocios, fue creciendo la animadversión entre los jóvenes mwami, incapaces siquiera de conseguir dinero para pagar una dote y casarse, hasta que en torno al año 2000 un pequeño grupo fundó su Ansaru-Sunna para poner en marcha una visión más rigorista del islam. Construyeron varias mezquitas en la zona y comenzaron a expandir su movimiento: se negaban a enviar a sus hijos a las escuelas estatales, a pagar impuestos o a que se vendiera alcohol en sus aldeas.

Lo que en 2015 eran tensiones vecinales en la región de Macomia pasó dos años después a un movimiento insurgente (Ansar al-Sunnah) con uno 1.500 miembros capaz de perpetrar matanzas coordinadas. ¿Cómo? Préstamos sin interés a cambio de obediencia y becas para estudiar en universidades de Sudán se han demostrado excelentes tácticas de reclutamiento.

«La situación está yendo a peor, ya que el movimiento se ha vuelto más violento, aunque lo cierto es que no se ha expandido más allá de Cabo Delgado», apunta Morier-Genoud. La escalada represiva del Gobierno y los militares rusos, con detenciones y ejecuciones arbitrarias denunciadas por Human Rights Watch, ha cargado de razones a los insurgentes que ahora sí han captado la atención de los movimientos radicales que se reproducen por el Cuerno de África.

En las últimas operaciones se ha detenido a ciudadanos ugandeses y tanzanos supuestamente a cargo del entrenamiento militar y las relaciones exteriores del movimiento. «Existe un sustrato común ideológico y conexiones regionales, especialmente con grupos en Tanzania. Todavía no hay pruebas de vínculos con la yihad internacional», reconoce Morier-Genoud, «pero podría haberlos en el futuro, si no los hay ya». De hecho, el ataque a una aldea cristiana en Ntuleni en agosto fue reivindicado por el ISIS, aunque se desconoce si fueron hombres de Ansar al-Sunnah los que perpetraron el atentado.