Los enfrentamientos tras el rechazo de la oposición al resultado electoral en Bolivia provocaron el miércoles la muerte de dos personas y heridas a otras seis en el poblado de Montero, cercano al bastión opositor de Santa Cruz. El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero culpó de los hechos al candidato presidencial opositor, Carlos Mesa, y a la dirigencia del antigubernamental Comité Cívico de Santa Cruz, que rechazan el resultado de las elecciones del domingo 20 de octubre y piden la anulación de los comicios. A su vez, la oposición responsabiliza al Ejecutivo de Evo Morales.

«Lo que está sucediendo en Santa Cruz, en Cochabamba, la situación es gravísima», señaló el ministro, en referencia a los choques callejeros diarios en las dos ciudades entre opositores y leales al presidente, Evo Morales, vencedor en los comicios.

«Estos muertos del pueblo lo responsabilizamos a la dirigencia cívica y al señor Carlos Mesa, porque hemos venido diciendo insistentemente que estaban queriendo muertos; muy bien, hoy día lograron sus muertos y esto lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales», añadió.

Más de una semana de disturbios en Bolivia han dejado ya 139 heridos, según la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Las manifestantes en apoyo a Morales de mineros o indígenas con casi diarias. La oposición también ha incrementado sus acciones y la violencia crece en las horas previas a una auditoría electoral que comenzó ayer. El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, confirmó que el equipo técnico de este organismo «presentará resultados en 10 a 12 días».

Unos 30 técnicos revisarán la verificación de actas y papeletas, el proceso informático, el componente estadístico y las proyecciones, y la cadena de custodia de la votación.

El recuento de votos realizado por el Tribunal Supremo Electoral se encuentra en el ojo de la tormenta, al haber utilizado dos sistemas tecnológicos que causaron sospechas por haber mostrado contradicciones, según la oposición. El primero, el denominado TREP, de conteo rápido, anticipaba una segunda vuelta entre Morales y Mesa. El segundo, de cómputo general oficial definitivo, dio a Morales como ganador en primera vuelta con el 47,08% de los votos, frente al 36,51% obtenido por Mesa.

La oposición calificó rápidamente el resultado de fraudulento. Primero planteó una segunda vuelta, pero luego pasó a pedir directamente la anulación de las elecciones, y ni siquiera acepta la auditoría de la OEA, organismo que incluso respaldaba su petición de segunda vuelta.

«No aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente» entre la OEA y el Gobierno de Morales, afirmó Mesa.