Más de trescientos especialistas europeos en vivienda se reunieron ayer en Bilbo en una jornada que invitaba a compartir “soluciones al reto del alquiler asequible”. No es un desafío pequeño; los elevados precios de las viviendas, el débil mercado de alquiler, la entrada de potentes fondos de inversión inmobiliarios especializados y los ingresos precarios de un creciente número de trabajadores, están alimentado una subida sin precedentes de los precios del arrendamiento. No es un fenómeno local sino que se ha convertido en un grave problema en la mayoría de las ciudades del mundo.

La exigencia de limitar el aumento de los alquileres está siendo asumida e implementada en un número creciente de ciudades. Viena, Berlín, Paris o Nueva York son algunos ejemplos de urbes que cuentan con una regulación en esta materia. Ayer mismo, “The Wall Street Journal” se hacía eco de que tras la entrada en vigor de una nueva legislación que limita la subida de los alquileres y protege a los inquilinos, las demandas de desalojo de arrendatarios han caído en picado en la ciudad de los rascacielos. Sin embargo, las administraciones vascas se niegan a transitar por ese camino, como puso de manifiesto en el contexto de las jornadas el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola. Lakua sigue dirigiendo su esfuerzo a subvencionar a los arrendatarios con menos recursos, una política que favorece a los propietarios, quienes además de no bajar el precio del alquiler son los que al final se quedan con la ayuda pública.

El dogma del libre mercado está tan interiorizado en estas latitudes que cualquier propuesta de regulación parece una herejía, cuando se abre paso con normalidad en otros lugares. Hay regulaciones que afectan a los precios de la electricidad, de los medicamentos, del transporte o de los libros. No hay razón para que no afecte al alquiler. Pero entre garantizar las rentas de los propietarios o un derecho social, algunos tienen muy clara cuál es su prioridad.