Una de las características de la sociedad vasca es la diversidad de orígenes, procedencias y culturas que la componen. Tal y como señalan los datos del observatorio Gaindegia, un 28’5% de la población vasca ha nacido fuera de Euskal Herria, aunque las realidades demográficas son muy diferentes según territorios y comarcas. Se trata de una característica común de las sociedades actuales en un mundo globalizado con millones de personas desplazándose por razones socioeconómicas, culturales, medio-ambientales o políticas. Una realidad diversa que nos enriquece como pueblo y que ha adquirido una mayor relevancia como consecuencia de los fenómenos migratorios de origen estatal y globalizado, y que también cuenta con la presencia secular del pueblo gitano.

Ante esta coyuntura, desde EH Bildu consideramos que corresponde a las administraciones públicas priorizar políticas que impulsen la inclusión social y la convivencia intercultural, y que además garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. Para ello, la gestión de la diversidad cultural debe encauzarse de acuerdo a modelos democráticos. En nuestro caso, un modelo propio, inclusivo, participativo y transversal para toda la ciudadanía y que tenga en cuenta nuestra realidad como nación minorizada, porque no podemos obviar que el marco constitucional español y sus leyes de extranjería nos niegan desarrollar una política propia sobre migración con la que poder garantizar todos los derechos a toda la ciudadanía, independientemente de cuál sea su origen o procedencia.

Atendiendo a estas claves y analizando el Pacto Social Vasco por la Inmigración, desde EH Bildu hemos decidido adherirnos al mismo, porque nos parece que puede ser un primer paso en esa dirección. Lo hacemos primero en términos de derechos humanos y de justicia, porque consideramos a todas las personas que residen en nuestro territorio como ciudadanía vasca con plenitud de derechos civiles, políticos y sociales. También porque entendemos que es necesario un consenso mínimo en clave de país sobre políticas migratorias y de multiculturalidad, con las que garantizar la convivencia y unos acomodos razonables para todas las realidades de nuestra diversidad cultural. Sin olvidarnos que en estos momentos también es necesario un firme posicionamiento frente a los discursos de odio y racistas que criminalizan a las personas migrantes, poniendo frente a ello el valor de la diversidad cultural como un elemento clave para la convivencia y la cohesión social.

Sin embargo, nuestro respaldo al Pacto ha de ser un sí crítico y seremos muy exigentes con las políticas del Gobierno en materia de inmigración y refugio, ya que entendemos que desde una perspectiva soberanista y de plenitud de derechos resulta escaso, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de las competencias de autogobierno en las políticas de migración, de nacionalidad e identidad, las cuales son fundamentales para poder garantizar derechos a toda la ciudadanía. En este sentido, creemos necesario vincular la ciudadanía plena a la residencia, con el objetivo de superar las imposiciones estatales restrictivas y vulneradoras de derechos. También asumir competencias para la regulación de los procedimientos de autorización de residencia y trabajo de las personas migrantes. Descentralizar, legislar y agilizar el sistema de acogida para atender las necesidades básicas de las personas que llegan a nuestro territorio, incluido el rescate marítimo. Reforzar el marco institucional para que las políticas de multiculturalidad ocupen un lugar destacado en todas las administraciones públicas. Fortalecer nuestro sistema de servicios sociales y protección social, para implementar políticas que contribuyan a la igualdad de toda la ciudadanía y sin dar cabida a reformas que vayan en sentido contrario. Abordar el derecho al voto o el acceso a la función pública de las personas migrantes. Atender las múltiples desigualdades que sufren las mujeres migrantes. Garantizar el aprendizaje al menos de las dos lenguas oficiales para la cohesión social e igualdad de oportunidades frente a la segregación que también sufre el alumnado migrante, o aumentar la participación ciudadana de los sujetos protagonistas, entre otras cuestiones que nos parece necesario abordar con urgencia.

En definitiva, creemos que se necesita más voluntad política y determinación para garantizar todos los derechos a todas las personas, y por tanto, mayores recursos, mayores competencias y más soberanía para impulsar un verdadero modelo de gestión democrático de la diversidad cultural. Para EH Bildu, este Pacto debiera sentar las bases para impulsar una vía vasca para la convivencia intercultural y la inclusión, que atienda la integralidad de nuestra diversidad cultural y no solo la derivada de la migración, y que además tenga en cuenta la especifidad lingüística, cultural, social y política de Euskal Herria y de las personas que en este país residen. Por eso, nos parece fundamental impulsar y priorizar las políticas de multiculturalidad, porque como señalan las conclusiones del último informe de Ikuspegi, queda mucho camino por recorrer.