En un contexto marcado más por la especulación que por la información, donde a falta de noticias de los protagonistas principales se impone el ruido de fondo de los saboteadores, no es excesivo afirmar que la semana que hoy comienza va a ser decisiva para encarrilar la investidura de Pedro Sánchez. Con el apartado programático en segundo plano, el eventual acuerdo entre el PSOE y ERC parece estar pendiente de la decisión de la Abogacía del Estado respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras, corroborada por el TJUE, y en segunda instancia por la postura que adopte la Junta Electoral Central respecto a los requerimientos de PP, C’s y Vox. La formación independentista catalana ha insistido en todo momento en que una de las claves para un posible pacto es la desactivación de la inercia represiva española, y ante los precedentes cercanos es lógico que quieran ver todas las cartas sobre la mesa antes de dar su vist i plau.

Siendo esto así, no deja de ser grotesco, rayano en lo ridículo, que un hecho tan importante como es la investidura de un presidente, más cuando lleva nueve meses en funciones, dependa de la decisión que adopten organismos claramente politizados pero ajenos al proceso de elección democrática y a la dinámica parlamentaria. Dice mucho del modo de funcionar del Estado español. Casi tanto como el hecho de que PP y C’s hayan echado mano de las medidas de excepción adoptadas contra la izquierda abertzale –aprobadas, cuando no promovidas, por el PSOE– para embarrar el camino de Sánchez. Resulta muy ilustrativo.

No sólo el proceso de investidura, sino toda la situación de interinidad que vive el Estado desde hace año y medio –la moción de censura a Mariano Rajoy culminó el 1 de junio de 2018– son motivo de chanza en la escena internacional, donde la imagen española ya estaba muy tocada tras la gestión violenta y autoritaria del procés catalán. Y para darle la vuelta no necesita solo investir un presidente, sino adquirir una cultura democrática que aún carece.