El Gobierno español advirtió ayer de que «responderá con contundencia» ante cualquier iniciativa, como el «pin parental» que Vox ha forzado a aplicar en las comunidades de Murcia y Andalucía –y podría hacerlo en Madrid– a cambio de su apoyo para sacar adelante los presupuestos autonómicos, y anunció que recurrirá por vía administrativa o judicial las medidas que en ese sentido toman PP, Vox y Cs.

El «pin parental» obliga a los padres a autorizar de manera previa y expresa por escrito la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad en el centro escolar. Pueden vetar así su presencia en actividades preparadas en horas lectivas, que forman parte del currículum escolar, son evaluables y obligatorias, en las que se traten temas que no sean de su agrado, como la diversidad afectivo-sexual, la violencia de género o el respeto a la diferencia. Es una especie de «objeción de conciencia» no contemplada por la legislación española, que garantiza el derecho de los padres a elegir el centro, pero no las materias.

Esta herramienta de control se aplica desde setiembre en Murcia, donde fue un requisito de Vox para apoyar la investidura del PP y ahora ha servido para cerrar, también con Cs, un acuerdo presupuestario. Podría aplicarse en Andalucía, donde Vox la incluyó en el acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno del PP y Cs. Y es arma de negociación para la aprobación de los presupuestos en Madrid.

Para el Ejecutivo español, vulnera los derechos de los menores y de los centros, y sentaría un peligroso precedente que podría llevar a vetar cualquier materia que no sea del agrado de los padres.