Reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «ley mordaza», y mejorar el trato a los migrantes y refugiados fueron algunas de las peticiones que el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas lanzó ayer al Gobierno español.

Entre las recomendaciones destacaron las de Italia, que pidió a España «garantizar el derecho a la libre expresión y de asamblea e investigar el excesivo uso de la fuerza de medidas de seguridad», o Canadá, que sugirió revisar delitos como el de injurias a la Corona.

Suiza aseguró que para el Estado español «el pasado franquista continúa siendo un desafío» y recomendó «garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación», mientras pedía la reforma de la ley de 2015 «incluyendo protocolos de buenas prácticas a las fuerzas del orden».

Bélgica y México se expresaron en similares términos sobre las garantías debidas al derecho de reunión y manifestación, y Venezuela fue el único Estado que mencionó la cuestión de Catalunya instando al Gobierno español a iniciar «un diálogo constructivo con el pueblo catalán».

El secretario de Estado de Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela, defendió que la «ley mordaza» de 2015 «no restringe la libertad de expresión» y «busca salvaguardar el derecho de reunión regulando la intervención de las autoridades cuando pierde el carácter pacífico y se usa la violencia contra personas o bienes».

La migración fue uno de los temas más mencionados por las delegaciones. Al respecto, Rusia dijo «lamentar la violación sistemática de los derechos de los migrantes», y pidió al Gobierno de Sánchez que «deje de utilizar la repatriación forzosa».