Tras realizar una visita a Italia, la Relatora especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, afirmó que este Estado europeo tiene un sistema alimentario complejo, en el que alrededor de medio millón de migrantes trabajan en la agricultura con unas «duras condiciones laborales y salariales» que los convierten en uno de los grupos «más vulnerables».

La experta independiente explicó que «en la escena internacional, Italia es un país muy activo en la promoción de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta al Derecho a la Alimentación, pero esto no se refleja a nivel nacional». «Para un país desarrollado, tales niveles de pobreza y carestía de alimentos son inaceptables», manifestó.

Elver constató que muchas personas dependían de las organizaciones benéficas para comer como migrantes sin hogar y sin papeles, trabajadores agrícolas y familias con pocos recursos. «El Gobierno italiano debería entender que la caridad alimentaria no debe confundirse con el derecho a la alimentación», remarcó.

En este punto, especificó que dentro del sector agrícola hay entre 450.000 y 500.000 trabajadores migrantes, que representan casi la mitad del sector. «De norte a sur, cientos de miles de trabajadores cultivan la tierra o cuidan el ganado sin protección legal y social adecuada, con bajos salarios y viviendo con la amenaza constante de perder su trabajo, la repatriación forzada o de sufrir violencia física y sicológica», expuso.

Consideró que si bien con la Ley 199/2016 Italia intentó acabar con la explotación laboral, «es incapaz de apoyar los derechos humanos de todos».