Naciones Unidas vuelve a constatar la persistencia de una «violencia endémica» en Colombia, aunque la tasa de homicidios no es la más alta de la región. El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) presentado ayer en Bogotá recoge 36 masacres y la muerte en circunstancias violentas de 108 defensores de derechos humanos, 66 indígenas –trece de ellos líderes comunitarios– del convulso departamento del Cauca y 45 miembros de la comunidad LGTBI a manos de bandas de narcotraficantes o paramilitares en 2019.

«Hay una situación de gravedad en relación con (los asesinatos de) excombatientes (de las FARC) y en el tema de líderes y lideresas y defensoras y defensores de derechos humanos», añadió el representante de la Acnudh en Colombia, Alberto Brunori.

De los 108 casos de líderes sociales asesinados, el 75% ocurrió en zonas rurales y el 86% en municipios con «un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional», según Brunori en alusión tácita a la relación de estos crímenes con que hayan ocurrido en zonas alejadas y con poca presencia estatal. Además, se constata un aumento del 50% en los homicidios de mujeres defensoras de los derechos humanos.

La situación parece no cambiar en 2020 y ya se contabilizan 51 homicidios de líderes sociales en lo que va de año.

Esa violencia desbordada siguió afectado al Cauca, un convulso departamento del suroeste de Colombia inmerso en una espiral de violencia por las disputas de distintos grupos armados que operan al margen de la ley, donde, según el informe, al menos 66 miembros del pueblo indígena nasa fueron ejecutados. Esa cifra supone «un incremento de casi el 52%, de acuerdo al Instituto de Medicina legal, en comparación con 2018».

Para proteger a los defensores de derechos humanos, la ONU insiste en que el gubernamental «Plan de Acción Oportuna debe priorizar una mayor y más continua participación de las autoridades regionales y de la sociedad civil».

De los 15 casos de «presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía» recogidas en el informe, 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como «falsos positivos». Uno de esos es el del exguerrillero Dimar Torres, al que un militar mató en abril en una zona rural de Convención, en la región del Catatumbo.

«Profunda tranformación»

Además, el Acnudh pide a las autoridades colombianas abrir una serie de «investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes» sobre el uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las recientes protestas sociales y poner en marcha una «profunda transformación» en la unidad especial de la Policía.

Solicita una «revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones» para estipular si los agentes cumplen con las normas y estándares internacionales.

Expresa también su preocupación por la gestión de las autoridades de las protestas y aconseja restringir «en la mayor medida posible» el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana y transferir la supervisión de las fuerzas de seguridad a Interior.