El Gobierno británico está dispuesto a dejar la negociación con la Unión Europea (UE) el próximo junio si para entonces no hay un consenso sobre «las líneas generales» del futuro acuerdo comercial bilateral, indicó ayer en un documento sobre su prioridades.

En el texto de 30 páginas, el Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, precisa que, en ese caso, Reino Unido pasaría a regirse por la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que implicaría más trabas comerciales.

Tras el Brexit el pasado 31 de enero, Londres y Bruselas inician este lunes un periodo de negociación que concluirá el 31 de diciembre, durante el cual este Estado, que ya ha dicho que no prorrogará ese plazo, permanece dentro de las estructuras comunitarias.

En declaraciones a la cadena británica BBC, el primer ministro Boris Johnson insistió ayer en que de ninguna manera su Gobierno aceptará someterse a la normativa europea, como exige la UE para mantener el acceso máximo a su mercado, y señaló que el objetivo del Brexit es precisamente «hacer las cosas de manera diferente y mejor». «Lo único que queremos es un reconocimiento mutuo de los altos estándares que ambos aplicamos y acceso recíproco a los mercados», afirmó.

En una intervención en la Cámara de los Comunes, el ministro portavoz, Michael Gove, confirmó que el Reino Unido persigue un acuerdo similar al de Canadá, Japón y Corea, que no requieren una alineación estricta con la regulación comunitaria, y promoverá «una relación de amistad entre iguales soberanos». Buscará «libertad regulatoria» y pedirá un acuerdo aparte para el sector pesquero, para reflejar que Reino Unido es «un Estado costero independiente».

El Gobierno de Londres «no negociará disposiciones» en las que el país «no tenga el control de sus leyes y vida política», subraya también el documento gubernamental.

Posición de Bruselas

La secretaria general de la confederación de sindicatos TUC, Frances O'Grady, consideró que abandonar las normas comunitarias que garantizarían una competencia justa «pone en peligro los derechos de los trabajadores», mientras que hacer más difícil el comercio con la UE es «una amenaza para el empleo».

Según algunos analistas, la intención de Londres de no aceptar como referencia la normativa comunitaria podría entrar en conflicto con los compromisos adquiridos en la Declaración política asociada al tratado de retirada de la UE firmado en 2019 y que permitió la salida del país del bloque en enero.

Al presentar este martes su posición negociadora, el negociador comunitario, Michel Barnier, subrayó la necesidad de asegurar una equivalencia de estándares o reglas del juego (con los de la Unión Europea como referencia) para garantizar que habrá una competencia leal entre las dos partes. Según un comunicado emitido en Bruselas, los Veintisiete quieren una asociación económica con el Reino Unido «ambiciosa, equilibrada y que cubra múltiples áreas, siempre que haya garantías suficientes para la igualdad de condiciones».

La Justicia británica rechaza la ampliación de Heathrow

La Justicia británica se pronunció ayer a favor de varias organizaciones ecologistas que se oponen a la ampliación del aeropuerto londinense de Heathrow, el más frecuentado de Europa, por considerar que el proyecto no respeta el medioambiente. El aeropuerto de Heathrow, que planeaba construir una tercera pista, anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

«¡Hemos ganado!», se congratuló inmediatamente el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, que apoyaba la demanda, rechazada en primera instancia en 2019. El mismo grito lanzaron los activistas reunidos a la puerta del tribunal. En opinión de John Sauven, de Greenpeace, «la tercera pista ya estaba en entredicho, en lo que respecta a sus costes, al ruido y a la contaminación del aire» y ahora «el aeropuerto tiene un obstáculo demasiado importante para superarlo».

Movimientos ecologistas denunciaron que un mayor tráfico aeroportuario incrementaría las emisiones de gases con efecto invernadero.GARA