Después de meses de protestas, huelgas y movilizaciones, y a las puertas del debate parlamentario, Emmanuel Macron ha decidido que el controvertido proyecto de ley sobre las pensiones se aprobará por decreto. Y lo ha hecho en el marco de un Consejo de Ministros extraordinario convocado para dar respuesta al virus que llegó desde el lejano Oriente contagiando con el miedo a los administrados de Occidente. Y así, ante la incertidumbre de un debate público difícilmente controlable, Macron ha decidido que el del coronavirus es el mejor contexto en el que activar el artículo 49.3 de la Constitución por el que se induce al coma a la democracia parlamentaria de cara a la aprobación de un proyecto de ley sin previa deliberación en la Cámara. Porque a pesar de que cuenta con mayoría suficiente, no quiere riesgos.

Estamos a la vuelta de las elecciones municipales y todo indica que el partido de Macron puede acabar cataléptico. Tal es la situación, que en el cielo comienzan a volar en círculos demócratas como Manuel Valls, que acaba de anunciar que no excluye regresar a su «única patria». Él, que allá por 2016 fue el último en tirar del 49.3 para evitar el debate parlamentario de la Ley sobre la Liberalización del mercado de trabajo, la última gran venda que le colocó la socialdemocracia a este sistema socioeconómico tan robusto y sin embargo tan enfermo.