El 100% de la ciudadanía es conocedor de la subida de los precios de las mascarillas», señala Rubén Sánchez, portavoz de la organización Facua. Lo mismo ocurre, según dice, con los geles desinfectantes, y acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no tomar medidas en esta cuestión.

Irache, la asociación de consumidores de Nafarroa, hace mención por su parte a las consecuencias que están sufriendo los consumidores con los vuelos o los viajes cancelados. «Las aerolíneas cancelan vuelos por su cuenta y no ofrecen alternativas de garantía al cliente», cuenta Susana Arizcun, directora adjunta de la asociación. «Hemos recibido más de 900 reclamaciones relacionadas con las cancelaciones», advierte. A finales de marzo Kontsumobide ya advirtió sobre esta situación.

La Autoridad de la Competencia de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (AVC) anunció este pasado martes que ha recibido «numerosas reclamaciones» en las últimas semanas por posibles actuaciones irregulares de empresas y negocios que pueden haber aprovechado la situación provocada por la enfermedad Covid-19 para incrementar sus precios de forma «abusiva».

Kontsumobide colaborará en la monitorización de los precios de los productos de alimentación, de primera necesidad y de uso frecuente en el momento en el que estamos viviendo. «Hasta ahora sí que hemos recibido alguna consulta, pero ninguna reclamación», detalla a GARA su directora, María Olga Santamaría.

La directora adjunta de Irache coincide con Kontsumobide y entiende que es necesario una vigilancia, por si acaso. Además, recuerda que nunca se deben subir precios a aquellos productos básicos y que, para ello, está en manos del Gobierno español tomar medidas.

Medidas que hasta la fecha se han adoptado en las compañías de telecomunicaciones –no pueden incrementar a sus clientes los precios de aquellos servicios en los que estén prohibidas las portabilidades durante el estado de alarma– y en los servicios funerarios.

Decreto para las funerarias

La subida de los precios en los servicios funerarios ha sido uno de los temas más polémicos. La Autoridad de la Competencia se pronuncia sobre ello pero sin mojarse demasiado. Dice que el sector es «sensible» al incremento de precios como consecuencia de la «presión» que supone el alto número de fallecidos por Covid-19. En todo caso, ha advertido de que la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe conductas abusivas o pactos entre los operadores económicos que «alteren el funcionamiento del mercado».

Tanto Kontsumobide, como Facua e Irache son tajantes con ello y los tres recuerdan que el Real Decreto y el 11/2020 no dan opción a interpretaciones.«La norma es clara al respecto –dice Kontsumobide– las empresas de servicios deben aplicar, durante el estado de alarma, los precios fijados antes del 14 de marzo».

«Cualquier persona que en los últimos días les haya cobrado una tarifa superior tiene derecho, con carácter retroactivo, a reclamar que le devuelvan el dinero y que se le equipare a la tarifa que tenía antes del estado de alarma», apunta Facua.

«En esta situación, el servicio funerario es esencial», avisa la directora adjunta de Irache. Ellos no han recibido consultas o reclamaciones, pero entiende que «una persona que ha sufrido una pérdida de un ser querido no está para estas cosas».

Más allá de este decreto, sin embargo, a Facua le preocupa que todavía no se hayan publicado los resultados del informe o de la investigación que inició el 12 de marzo la Comisión española del Mercado y la Competencia (CNMC). «En relación a lo que anunció la Autoridad Vasca de Competencia y el presidente español Pedro Sánchez, que dijo que la CNMC iba a empezar a monitorizar precios a petición del Ministerio de Consumo, lo que tenemos que decir es que estamos a la espera de los resultados», responde su portavoz.

Falta de medidas

Volviendo a los productos esenciales de esta crisis sanitaria, como pueden ser las mascarillas o los geles desinfectantes, Irache afirma que ellos no han sido notificados sobre irregularidades, pero «sí nos han dicho que se han agotado en muchos sitios».

Para Rubén Sánchez es una obviedad el repunte en los precios de las mascarillas y de los geles desinfectantes, «y, en cambio, ninguna administración, ninguna autoridad de competencia ha dicho ‘hemos detectado esta subida y recomendamos tal medida’».

«Una cosa es anunciar el compromiso, como lo hizo la AVC, y otra cosa es cumplir el compromiso y estar trabajando en profundidad», opina Sánchez. De hecho, piensa que el Ejecutivo español podría regular la imposición de precios con los productos que tuviesen una subida desproporcionada. Por ejemplo, con los geles desinfectantes, planteando que no se pueden vender por más de “x” euros el centilitro».

La Autoridad de Competencia explica que el encarecimiento de estos artículos podría deberse a un repunte de la demanda, que la oferta existente en el mercado no alcanza a cubrir. En ese caso, «sería el funcionamiento del mercado el que marcará el precio», lo que no implica que no deba ser analizada.

«La ínfima» bajada en las gasolinas, frente a la caída del 45% del petróleo, también preocupa a la organización de consumidores y pide a la CNMC que indague más en esta cuestión.

Tampoco existen medidas para las cancelaciones de vuelos o de viajes, y eso da opción a las aerolíneas a no garantizar las alternativas para el usuario. Las empresas están cancelando vuelos por su cuenta, y Arizcun apunta que deben ofrecer salidas al consumidor, devolviendo el dinero u ofreciendo un bono: «Un bono que dependerá del usuario aceptarlo o no».

Además, ve necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez habilite un email o un teléfono para los que en un primer momento no saben a quién acudir para presentar una reclamación.

Lo último que ha hecho el Ejecutivo español ha sido ampliar el plazo para presentar alternativas. Hasta ahora, la empresa debía ofrecer una salida en un plazo de siete días, «ahora tiene hasta dos meses».

Sospecha de Equo Berdeak

Irache no ha detectado irregularidades en los comercios de alimentación, sean pequeñas tiendas o grandes superficies. Si ofrecen un servicio extra –como preparar la compra para una hora exacta o el servicio a domicilio– suelen avisar a los clientes de que les van a cobrar un plus.

Equo Berdeak, por su parte, sospecha que las grandes cadenas han actuado «de forma coordinada buscando alterar los equilibrios del mercado en su favor», y ha pedido a la AVC que vigile las compras de alimentos realizadas por las grandes cadenas por si han supuesto una alteración del precio.

«La actuación de las grandes cadenas comerciales en los días posteriores a la declaración del estado de alarma, incrementando los precios en origen de los alimentos básicos mediante la compra masiva, vulnera claramente los principios de la libre competencia», advierte.