Teniendo en cuenta su trayectoria, es posible que de estar al otro lado de la mesa y en el caso de una crisis sanitaria de semejantes dimensiones, la consejera de Educación del Gobierno de Lakua Isabel Celaá –lo fue entre 2009 y 2012 gracias a la ilegalización de la izquierda abertzale– se hubiese mantenido públicamente leal a las decisiones tomadas en los ministerios metropolitanos. Pero eso no hubiese evitado que, seguramente en privado, hubiese mostrado una posición crítica. Estas medidas llegan bastante tarde.

Hay que tener en cuenta que toda decisión que afecte al sistema educativo vasco y se tome en Madrid tiene un sesgo peligroso por diferentes razones. La historia así lo demuestra, y Celaá sabe lo que es estar al otro lado de la mesa. Ella fue la primera en pedir la dimisión del ministro José Ignacio Wert y emplazar «a todas las fuerzas políticas, agentes sociales y educativos para defender el sistema educativo vasco». Algunos de los problemas que conllevan la perspectiva estatal respecto a la educación en Euskal Herria son ideológicos. Muchos responsables ni entienden ni respetan nuestra realidad sociocultural. Además, sus recetas a menudo son simplemente impertinentes, porque se refieren a realidades quizás comunes en otros lugares del Estado, pero que nada tiene que ver con la realidad educativa vasca ni con la comunidad que la desarrolla. En París el problema sigue siendo el negacionismo más burdo.

Con todo, la actual propuesta del Ministerio español es lo suficientemente abierta como para gestionar bien el fin del curso escolar, pero en las consejerías vascas de Educación hay una falta terrible de liderazgo. Siendo una competencia clave, han esperado a ver qué decía Madrid. Esa inercia se está remontando gracias a que en general la comunidad educativa vasca es plural, dinámica, sensible, crítica y sensata. Con sus defectos, trata de ser inclusiva y no abandonar a nadie a su suerte, está fundada en competencias y es pedagógicamente avanzada. Ya lo decía Celaá.