El epicentro en el Estado español de la epidemia más feroz de los últimos cien años es la Comunidad de Madrid. Sus cifras dan escalofríos, este fin de semana se han superado 7.000 fallecidos. Pero la comunidad también presenta sus propias peculiaridades que se exhiben con crudeza gracias al Covid-19. Una de ellas son los efectos nocivos de la política de salud pública del PP, que gobierna la región hace un cuarto de siglo e intensificó las privatizaciones y recortes desde 2011. Los números son letales: en la última década se perdieron 1.300 profesionales de la salud y 1.100 camas, a pesar que la población madrileña creció medio millón.

Otra arista tiene que ver con el desequilibrio territorial de una comunidad con el mayor PIB per cápita del Estado y que tiene más de 6,7 millones de habitantes, concentrado el 75 por ciento de ellos en su área metropolitana, con zonas olvidadas y muy periféricas en donde los beneficios de la gran ciudad quedan lejos, y áreas urbanas en las que la exclusión social es una epidemia que lleva dejando huella hace mucho tiempo.

El coronavirus ha expuesto la asimetría, marcada especialmente por la diferencia de ingresos. Es posible verlo gracias a los datos de la Consejería de Sanidad, que difunde la cantidad de contagios por ayuntamiento, permitiendo trazar una geografía madrileña de la pandemia.

Cuando se cruzan los datos con los de renta media de los municipios –con la información que brinda la Agencia Estatal Tributaria–, se observa no sólo una gran diferencia entre zonas –en una comunidad que tiene el tamaño de dos veces la isla de Mallorca–, sino también que el Covid-19 se ceba en donde hay menor renta y registra menos contagios en donde ésta es mayor.

Empezando por Madrid capital, en el distrito de Salamanca –el más rico de la ciudad– la tasa de incidencia acumulada total (los casos confirmados cada 100.000 habitantes) es 800, mientras que en el de renta más baja, Puente de Vallecas, es de casi 1.000. Los distritos de mayor renta son Centro, con 635, Arganzuela (721), Chamartín (838) y Hortaleza (691), mientras que los menos favorecidos son además Moratalaz (1.146), Vicálvaro (939), Villa de Vallecas (997), Carabanchel (858) y Fuencarral-El Pardo (1044). El ratio de contagios crece notablemente en la periferia sur y este.

Disparada en el «cinturón rojo»

En el resto de los ayuntamientos de la comunidad, la desigualdad en la tasa de infectados se dispara a caballo de la desigualdad social, cebándose en el históricamente denominado «cinturón rojo» madrileño, esa concatenación de municipios al sur de la metrópoli ungido por la clase trabajadora y que hoy sigue siendo habitado en buena parte por sectores populares.

Se observa en las dos puntas de la pirámide: el ayuntamiento con la renta más alta de la comunidad (y de España) es Pozuelo de Alarcón, con una tasa de incidencia acumulada total de 595, mientras que el de renta más baja, Villa del Prado, tiene una de 1.212.

Los municipios más ricos están muy por debajo de los más pobres: Alcobendas (459), Majadahonda (492), San Lorenzo del Escorial (485) y Tres Cantos (574) quedan lejos de los de renta media-baja, como Alcalá de Henares (1.008), y de los más pobres, como Leganés (1.300), Móstoles (751) y Alcorcón (822) –entre los tres suman 600.000 habitantes–. Las excepciones serían Fuenlabrada (626) y Getafe (511), de renta baja pero una tasa de contagios similar a los más privilegiados; podría atribuirse al déficit de test.

El desequilibro territorial también hace mella en núcleos urbanos ubicados en el noroeste y norte de la Sierra de Guadarrama (de renta menor en comparación con la sierra del suroeste donde está El Escorial), como el de Cercedilla, con una tasa de contagios de 1.122, y El Berrueco, con 1.092.

La diputada en la Asamblea madrileña por Más Madrid y médica anestesista Mónica García Goméz recuerda en entrevista a GARA que «indicadores sociales como paro y vivienda tienen mucha más incidencia en la salud que lo que pueda tener el propio sistema sanitario, y se calcula que sólo un 20 por ciento es la influencia de la sanidad en la salud poblacional. Las determinaciones socioeconómicas son muy importantes».

Así, señala que dentro de la Comunidad hay una diferencia de hasta ocho años en expectativa de vida según se comparen códigos postales, y que hay estudios en donde se cruzaron datos postales y lista de espera y quienes las engrosan más son los residentes en ayuntamientos más vulnerables.

«Afrontamos la pandemia estando Madrid a la cola en ratios en cantidad de camas por habitantes o de profesionales. Si todos los años en la misma época colapsa el sistema con algo previsible como es la gripe, ni imaginar con esto», recalca.

En referencia a la desigualdad territorial que la pandemia evidencia, la diputada lo atribuye a que «hay localidades que son abiertamente más desiguales y a pesar de ello se les destina para sanidad los mismos o menos recursos que las más ricas», y ha lamentado que Madrid, ubicada entre las regiones más ricas de la UE, tenga sin embargo «indicadores de exclusión social absolutamente inaceptables».

García Gómez asegura que al PP »no le ha importado hacer políticas de reequilibrio territorial» y cita como ejemplo un lastre que resulta para la comunidad la privatización de la sanidad: «Tenemos un presupuesto de 8.000 millones de euros para sanidad y debemos 720 millones a las gestoras privadas por pagos atrasados. ¿Cómo vamos a pagar eso en este momento de emergencia?».

La diputada mantiene su trabajo de anestesista en el Hospital 12 de Octubre, ubicado entre los barrios sureños de Usera y Vallecas, que tiene sólo 1.145 camas funcionantes (según el Servicio Madrileño de Salud) para una población de 446.000 personas. «En Urgencias no nos dimos cuenta al principio de que aumentaban los ingresos (por Covid-19) porque estamos siempre saturados. Tenemos una ocupación siempre entre el 90 y 100% que llega al 110% cuando desborda la epidemia de gripe», añade. Actualmente, las UCIs de la región están al 150% de su capacidad y al comienzo de la epidemia del coronavirus llegaron a estar al 200%. Con el récord de 15.000 ingresos en un sólo día; ahora el promedio es de 9.000.

Ante este panorama, García Goméz propone para contrarrestar la desigualdad territorial «primero un buen diagnóstico de lo que ocurre, y luego políticas sociales para reequilibrar. Por más que se invierta en infraestructura, si no se tiene en cuenta lo social, no se soluciona el problema».

Desde el Gobierno madrileño –cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es heredera política de Esperanza Aguirre– por ahora no hay autocrítica. La cohesión deberá esperar.