No habrá vuelta a las clases presenciales por lo menos hasta el 25 de mayo. El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, lo anunció ayer, tras la reunión mantenida con los partidos para abordar las elecciones en la CAV, aduciendo que todavía no hay «garantías jurídicas» para la vuelta el lunes, el día que fijó.

La fase 1 del estado de alarma no contempla el regreso a las aulas y el Ejecutivo de Lakua, en sus conversaciones con el de Madrid, no ha conseguido que se introduzca un cambio que se lo permita a la Comunidad Autónoma Vasca.

Erkoreka señaló que la comunidad educativa solicitaba garantías sanitarias y garantías jurídicas para poder volver a clase. En el ámbito sanitario, explicó que se ha elaborado un protocolo «muy consistente» que ya ha sido remitido a toda la comunidad educativa.

En el ámbito de la seguridad jurídica, Erkoreka recordó que el pasado 9 de mayo se aprobó una orden que fijaba las condiciones que permitían al Gobierno de Lakua establecer una regulación «singular» del estado de alarma en los ámbitos de la libertad de circulación, la cultura, el ocio y el deporte. No obstante, lamentó que en el ámbito educativo, los acuerdos con el Gobierno español no se hayan traducido aún en una norma «que concrete los términos» en los que la CAV puede desarrollar su «planteamiento específico».

De esa forma, reconoció que las garantías jurídicas que permitan el reinicio de la actividad docente presencial «están por concretar», y que no existen «certezas» de que puedan aclararse en las «próximas horas». respecto a la enseñanza. Y aunque las hubiera hoy ya sería «tarde», por tanto aseguró que no es conveniente «tensionar» a la comunidad educativa, por lo que Lakua pospone la vuelta prevista para el lunes.

El deseo de no someter a más tensión a la comunidad educativa resulta «difícil de creer» para ELA, LAB, Steilas, CCOO y UGT, sindicatos que, en una nota conjunta, volvieron a denunciar que el plan del Departamento de Educación para volver a las clases presenciales «es una absoluta irresponsabilidad» y fruto de la «improvisación». Aseguraron, además, que «todavía no tenemos conocimiento de las medidas que se van a adoptar para garantizar la salud de nuestra comunidad educativa».

Así, los sindicatos reiteraron que si no se ponen en marcha procesos reales de negociación de medidas, protocolos y condiciones para la vuelta a las clases presenciales garantizado la salud, «el personal no se personará en su puesto de trabajo».

Precisamente, una gran parte de la comunidad educativa, incluidas las centrales, directores de institutos, profesores, y asociaciones de padres y madres lleva semanas exigiendo negociación y consenso en torno a las medidas en aras de garantizar la salud de todos los agentes implicados y no unilateralidad a la hora de tomar decisiones.

Con todo, los actuales planes de Lakua contemplan que todos los estudiantes de Bachillerato, FP y 4º de la ESO deberían volver el 25 de mayo. Todo ello en función de las decisiones que adopte cada centro escolar en virtud de su autonomía, medida también criticada por la comunidad educativa.

Vuelta «opcional» en la 2 fase

La fase 2 permitiría, según el plan de desescalada del Gobierno español, retomar las clases el 25 de mayo, y las preguntas giran ahora en torno al escenario que maneja el Gobierno de Lakua si finalmente la CAV no logra llegar a esa fase dentro de diez días.

La ministra estatal de Educación, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos de Educación llegaron al acuerdo ayer durante la Conferencia Sectorial de dar prioridad a los estudiantes de finales de etapa en la fase 2. Esta vuelta se hará «respetando las normas de seguridad dictadas por el Ministerio de Sanidad» y la presencia del alumnado será, en todo caso, «voluntaria».

Asimismo, las comunidades autonómicas también cuentan con la utilización para organizar «actividades voluntarias de apoyo y de refuerzo» para los alumnos «que más lo necesiten».

Además, en esa fase de la desescalada se podrán abrir los centros de educación especial y de educación infantil. Estos últimos para que asistan los menores de 6 años cuyos padres y madres tengan que regresar a sus puestos de trabajo.

Los sindicatos de la enseñanza navarra (LAB, Steilas, AFAPNA, ANPE, CCOO, ELA, UGT y SEPNA-FSIE), tanto pública como concertada, afirmaron que no ven condiciones objetivas para garantizar el regreso a la actividad educativa presencial en el curso 2019-2020 con total seguridad para alumnado y trabajadores. En un comunicado, exigieron que el retorno a los centros educativos se posponga al inicio del próximo curso y se haga atendiendo únicamente a criterios pedagógicos y sanitarios. También abogan por acordar planes de contingencia y realizar test masivos de coronavirus a toda la comunidad educativa antes de incorporarse a las aulas.

Tres escenarios estatales

El Ministerio de Educación y las comunidades autonómicas acordaron crear un grupo de trabajo para preparar conjuntamente el regreso a las aulas en setiembre contemplando tres posibles escenarios de la evolución de la pandemia. El primero, que el coronavirus remita hasta permitir que la actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial en los centros educativos sin la obligación de mantener la distancia interpersonal.

El segundo, que la evolución de la pandemia continúe obligando a mantener la distancia interpersonal en todos los centros educativos como medida de prevención para evitar contagios. Y el tercero, que un rebrote o repunte de contagios impida el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso que obligue de nuevo al confinamiento y a la educación a distancia que siguen los escolares desde el pasado mes de marzo.

Si la vuelta a clase en setiembre se tiene que realizar manteniendo la distancia interpersonal, el Ministerio indica que habría que dividir los grupos y «optimizar todos los espacios del centro educativo, combinar la actividad presencial con la actividad a distancia o adecuar los horarios». Este escenario requeriría además dotar a los centros de equipamiento higiénico, elaborar protocolos de movilidad y dar formación sanitaria.

Administrazioko langileen itzulera onartu dute sindikatuek

Nafarroako Administrazioko langileen itzulera plana LAB, CCOO eta UGTren babesarekin onartu zen atzo, Funtzio Publikoko Mahai Orokorrean dauden indar sindikalen %66,67rekin. Lehendakaritza, Berdintasun, Funtzio Publiko eta Barne sailburu Javier Remirezek azaldu zuenez, aurkeztutako zuzenketa gehienak txertatu ondoren eman zioten oniritzia sindikatuek dokumentuari, Gobernuaren ekintza muga dezaketenak edo osasun-agintaritzaren gomendioen artean ez daudenak kanpoan utzita. Erantsitako proposamenen artean, etxeko betebehar saihetsezinagatiko baimena mantenduko zaie aurrez aurrekoa ez den lana egin ezin duten langileei, baldin eta, besteak beste, 14 urtetik beherako haurren bat edo mendekotasuna duten pertsonak badituzte beren ardurapean. Kolektibo kalteberetako langileek beren zerbitzua era ez-presentzialean ematen segituko dute; jarraipen-batzorde bat sortuko da Administrazioa eta sindikatuak bertan egonik; telelana lehenetsiko da aurrez aurreko lanarekin bateragarri egiteko, eta aurrez aurrekoa ez den lana lehenetsiko da Covid-19aren arriskupean dauden langileen kasuan.I.A.