No aceptamos que para cuidar a nuestros mayores se explote o esclavice a miles de mujeres en la CAPV. Queremos seguir viviendo en casa con un sistema público de cuidados digno y asequible, y –cuando ya no sea posible– en pequeñas residencias para vivir como en casa. (Plataforma Irauli-Zaintza).

En el País Vasco la pandemia –también– ha dejado al descubierto nuestro sistema de residencias. Las personas trabajadoras castigadas y menospreciadas en su oficio y profesión han sacado lo mejor de sí mismas, su compromiso con los abuelos y la sociedad, y han arriesgando su salud y sus vidas. Han respondido. Se han ganado los aplausos, pero en demasiados casos con un alto costo.

¿Y ahora qué? Donde están los que han alimentado este modelo de residencias gigantes y sin recursos suficientes. Las alarmas estaban encendidas mucho antes de la covid-19. Las huelgas de las trabajadoras venían marcando lo que hay en la política actual de la atención a la dependencia: ratios de personal agobiantes para las trabajadoras e indignos para los residentes; plantillas con mucha precariedad; autoritarismo y desprecios de muchos gerentes y directores presionados por empresas creadas para ganar dinero. Los responsables de cada una de las Diputaciones Forales se han lucido. Su única política de atención a lo que ya estaba pasando ha sido solicitar de forma enfermiza al Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco que se aumentarán los servicios mínimos durante las huelgas, y este se conformó aumentándolos porque, según sus propias palabras, solo tienen el deber de garantizar el servicio; las condiciones laborales son una cuestión de negociación con la patronal, en la que ni el Gobierno Vasco ni las Diputaciones, creen que tengan algo que decir. Simplemente han pasando de lo que venía sucediendo en el interior de las residencias y solo se han ajustado a sus Presupuestos Generales.

Durante largos años el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales han hecho apología de la privatización («les das las ganancias que buscan y te resuelven el problema») y grandes campañas de auto-propaganda («somos punteros en Europa»). En una cosa están en lo cierto: en las políticas públicas de la CAPV en atención a la dependencia de los últimos 20 años se impusieron abrir las puertas a empresas de servicios privadas y ya han creado redes clientelares. Nada de iniciativas sociales, ni de buscar amplios consensos para abordar el profundo cambio demográfico que estamos viviendo, ni de abrir un debate trasparente en la sociedad. Todo lo contrario: han ideado un entramado competencial entre Gobierno y Diputaciones, con apoyo social minoritario, que lo único que ha generado es un laberinto de coberturas, de servicios y de tarifas diferentes en cada Territorio Histórico.

En los servicios de atención a los mayores hay otra realidad –siempre invisibilizada– que son las cuidadoras internas en los hogares y que la pandemia les ha sumado precariedad. Su situación laboral y de vida se ha visto afectada por: despidos (simple desistimiento del patrón), reducciones de jornadas, confinamientos obligatorios sin derecho al subsidio del RD 11/2020; en demasiados casos, sin casa, sin alimentos, dependiendo de la beneficencia. Cuánto tiempo más para terminar con este indigno sistema, cimentado sobre una precariedad abusiva –rozando la esclavitud– con miles de trabajadoras que son absolutamente necesarias y que se les niegan los papeles.

En la CAPV, son muchos más los mayores cuidados en los domicilios familiares que los ingresados en las residencias. Esto además de ser algo natural es un derecho: poder vivir en su entorno, bien en su propio domicilio o en viviendas adaptadas, con políticas públicas que garanticen esos cuidados de calidad, así como la calidad en el empleo para quienes los cuidan.

Son muchas las cosas que se deben cambiar en nuestro sistema público de cuidados, desde la atención en domicilio hasta las residencias de mayores, y este es el momento. Nos haríamos un gran fraude, si después de lo que la pandemia ha destapado, hacemos pequeños retoques y nos quedamos con un tipo de residencias que no tienen nada que ver con lo que existe en el centro y norte de Europa, ni con las necesidades de nuestros mayores.

Proponemos abrir un gran debate para un acuerdo social, que es básico y necesario en una sociedad que aspira a tener un sistema digno de cuidados para sus mayores. El número de personas mayores va ir subiendo. Muchas jubiladas y jubilados de hoy, y las de mañana más, van a pasar a esta fase de la vida sin apoyo familiar, como ya ocurrió en el centro y norte europeo. La gran mayoría de la sociedad vasca aspira a vivir dignamente con su pensión, tiene la esperanza de vivir muchos años y desea condiciones dignas, en su entorno de siempre, con viviendas adecuadas y unos servicios públicos suficientes, y eso sí, sin ser una carga para la familia. Este acuerdo básico debe hacer justicia con las trabajadoras de todos estos servicios garantizándoles condiciones de trabajo, salarios y jornadas, estabilidad y conciliación familiar como la del resto de trabajadores públicos, además del reconocimiento del tiempo anterior trabajado, también durante el periodo de «sin papeles».

No dejemos que cambien algunas cosas para que todo quede igual. Es necesario pasar de lo privado a lo público; de residencias masificadas a pequeños centros con habitáculos individuales e independientes para los residentes; de una estructura por Territorios Históricos ineficaz a una centralización a nivel de la CAPV (como ya se da en la Enseñanza o la Sanidad); de unos ayuntamientos casi al margen a que, por su cercanía, sean los verdaderos responsables de los servicios; de unos insuficientes servicios municipales de atención domiciliaria, complementados con cuidadoras contratadas en los domicilios en condiciones inadmisibles y con pocas o ninguna cobertura, a una nueva realidad de viviendas adecuadas para quienes van perdiendo autonomía con la promoción de cooperativas de cuidadoras a nivel local para la atención en el domicilio.

(*) Abrimos la posibilidad de adhesiones y aportaciones a esta propuesta para colectivos interesados en apoyarla o implementarla escribiendo a iraulizaintza@gmail.com