Cuando avanza la desescalada y en muchos ámbitos se regresa a la normalidad aun a riesgo de que un rebrote de la epidemia obligue a dar marcha atrás, los poderes institucionales afincados en París y Madrid dan signos de no querer deshacerse de todas las prerrogativas excepcionales que asumieron en el inicio de la crisis sanitaria provocada por el covid-19.

Así, el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el decreto-ley que recoge el plan del Gobierno español que regirá en la «nueva normalidad» a partir del 21 de junio, el Ejecutivo francés anunciaba ayer que el 10 de julio se pondrá fin al estado de emergencia sanitaria... salvo para ciertas medidas que recortan los derechos fundamentales.

El Gabinete de Emmanuel Macron no llevará al Parlamento una segunda prolongación del estado de emergencia que entró en vigor el 23 de marzo, pero sí enviará un proyecto de ley que contempla un «periodo transitorio» durante el cual el primer ministro, Edouard Philippe, conservará ciertas potestades excepcionales durante otros cuatro meses.

El texto será debatido en la Asamblea francesa a partir del 17 de junio, para a continuación ser remitido al Senado.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, su portavoz, Sibeth Ndiaye, confirmó que esos poderes permitirían al primer ministro regular los desplazamientos de las personas, el acceso a los medios de transporte y las reuniones públicas, así como decidir sobre la apertura de establecimientos en los que el virus puede transmitirse con facilidad, como las discotecas.

La posibilidad de un rebrote también está contemplada: «Las disposiciones del período transitorio son distintas a las del estado de emergencia sanitaria pero subrayo que, si tenemos que decidir de manera general o localizada, cosa que no deseamos, un nuevo confinamiento, el Gobierno tendría que decretar un nuevo estado de emergencia y pasar por el Parlamento».

No obstante, señaló que las actuales condiciones sanitarias son «extremadamente diferentes» a las de marzo, y eso es lo que ha llevado al Gobierno «a permitir el fin del estado de emergencia sanitaria». Y da por hecho que el virus está «controlado, aunque no vencido», cuando la epidemia se ha cobrado hasta el momento más de 29.000 vidas y ha dejado más de 150.000 casos de contagio en el Estado francés.

Calma o pragmatismo

Al mismo tiempo, el Ejecutivo quiso dar una imagen de prudencia ante quienes reclaman más velocidad en la desescalada. Ndiaye señaló que el fin de la segunda fase de desconfinamiento no va a ser adelantado, aunque el Consejo de Defensa evaluará la situación en su reunión de mañana para ver si rebaja las medidas que rigen hasta el 22 de junio en el Hexágono y, por tanto, también en Ipar Euskal Herria.

Ese día entrará en vigor la tercera fase de la desescalada, en la que incluso en la región parisina, una de las pocas que siguen en alerta naranja por la circulación del virus, se permitirá que bares y restaurantes atiendan a los clientes en su interior, así como la apertura de cines y salas de espectáculos, siempre manteniendo las distancias y medidas de seguridad.

Desde las asociaciones patronales se está reclamando que también sean revisados los protocolos sanitarios en las empresas para «regresar a la normalidad» rápidamente.

Además, en plena campaña electoral para la segunda vuelta de las municipales, dirigentes políticos de distinto signo –entre ellos, la candidata a la reelección como alcaldesa de París por el Partido Socialista, Anne Hidalgo– reclaman «pragmatismo» ante el temor a un «abandono económico» que pueda verse acentuado por «la lentitud del desconfinamiento».

El Gobierno continuará la desescalada «con mucha prudencia y seriedad» porque el coronavirus «todavía circula en Francia», replicó ayer Sibeth Ndiaye, aunque no descartó que se aligeren algunas medidas antes del 22 de junio.

Nueva etapa

Mientras, en Madrid se publicaba en el BOE el decreto-ley 21/2020, que contempla las «medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19». Un enunciado que apenas varía del aprobado el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma.

Aquella norma incluía «medidas limitativas de la libertad de circulación», así como «una variedad de medidas de contención en distintos ámbitos».

El estado de alarma ha ido prorrogándose cada quince días con votación preceptiva en el Congreso y el cambio de fases se ha producido «de forma asimétrica» según la evolución de la epidemia en cada comunidad autónoma, pero siempre ha sido el Ejecutivo estatal el que ha tenido la última palabra, coincidiera o no con la expresada previamente por los distintos Gobiernos autonómicos.

El 21 de junio culminará la tercera fase del “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad” y, en consecuencia, «quedarán sin efecto todas las medidas del estado de alarma». No obstante, en las disposiciones generales del último decreto se advierte de que «es esencial distinguir entre la expiración de las medidas limitativas (...) adoptadas durante la vigencia del estado de alarma (...) y la crisis sanitaria propiamente dicha, la cual subsiste (...) y cuya superación aún no ha sido oficialmente declarada ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades competentes».

Es decir, que las medidas de la «nueva normalidad» serán de aplicación en todo el Estado «hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19».

Otro ejemplo más de qué entiende por «cogobernanza» el Ejecutivo de Sánchez: no hay referencia a las comunidades autónomas.

 

La Comisión Europea propone el 1 de julio para abrir las fronteras exteriores

La Comisión Europea quiere que los socios de la UE abran sus fronteras a terceros países a partir del 1 de julio, siguiendo un enfoque «gradual y parcial», habida cuenta de que la mayoría habrá retirado la prohibición de libre circulación dentro del espacio Schengen en el curso de este mes como parte de la estrategia de desescalada.

Esta es una competencia exclusiva de los Estados miembros, pero el Bruselas trata de coordinarla para evitar el caos inicial en el control de las fronteras, por lo que presentará «esta semana» los criterios que recomienda seguir de manera coordinada, según anunció su vicepresidente y Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell.

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ya adelantó el pasado viernes, tras hablar con los ministros, su intención de preparar una serie de recomendaciones para retirar poco a poco las prohibiciones de entrada a terceros «a partir de primeros de julio», sin dar más detalles.

Por su parte, la portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye, señaló ayer que París es partidario de que las barreras internas se levante el 15 de junio a nivel de la UE y que a partir del 1 de julio haya una reapertura parcial de las exteriores, con un tratamiento diferenciado según el estado de la pandemia en cada territorio.GARA