La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria organizó ayer diversas movilizaciones para exigir que la salida a la crisis se encauce hacia el fortaleciendo del sector público y de los servicios esenciales, y que además se haga repartiendo la riqueza. Fueron las primeras manifestaciones tras el final de la emergencia sanitaria y el llamamiento estuvo motivado por la amenaza, cada vez más real, de que una vez pasado lo más difícil de la pandemia se vuelva a reforzar el mismo modelo precario e injusto que hemos padecido hasta ahora.

Las principales beneficiadas de los servicios y prestaciones públicas suelen ser las personas que disponen de menos recursos y, en ese sentido, la consolidación de lo público es una apuesta que incide directamente en el reparto de la riqueza. No obstante, como reclama la Carta, conviene completar ese esfuerzo por el lado de los ingresos con una política fiscal que sea equitativa y progresiva, esto es, que la aportación de los que más tienen sea creciente a medida que su riqueza sea mayor. De este modo, el sostenimiento de lo público también recaerá sobre los ricos y poderosos. Estos últimos llevan tiempo totalmente movilizados, especialmente los grandes emporios empresariales, exigiendo al Estado que subvencione la recuperación. Como siempre, pretenden que desde las arcas públicas se vuelva a financiar la recuperación sin ningún compromiso por parte del capital, ni en términos de empleo ni de innovación tecnológica ni de tecnologías limpias. Una vez más, cuando las cosas van bien, el Estado no debe inmiscuirse, pero cuando se tuercen, entonces sí tiene que intervenir.

Está claro de qué lado están los actuales Gobiernos. No hay más que ver la actitud del lehendakari Iñigo Urkullu hacia los trabajadores –exigiéndoles solidaridad– y la que mantiene hacia los poderosos –consideran incongruente subir los impuestos–. La batalla sobre las prioridades que definirán la recuperación no ha hecho más que empezar y serán necesarias muchas movilizaciones.