Juan trabaja en Mutriku. En una empresa de 50 empleados están trabajando solo 6 personas. Joseba trabaja en Andoain. En enero eran 150 empleados. Los 25 eventuales de la plantilla han perdido el trabajo, el resto acuden a trabajar dos o tres veces por semana. Fabrican piezas para automoción. Miren trabaja en una cooperativa de Berriatua, también en automoción. Si no hay pedidos especiales solo trabajan dos días a la semana. Luce el sol, finalizado el confinamiento salimos sonrientes a la calle, pero ese es el panorama desolador de nuestra industria. Todos ellos son casos reales.

Actualmente en Hego Euskal Herria hay 125.000 personas en situación de ERTE. La mayoría no cobra todo el sueldo y lo que es más importante, no saben qué ocurrirá con sus puestos de trabajo. Hay quien está mucho peor. A estas alturas hay ya más de 180.000 personas en paro. Su incertidumbre es mucho mayor: no saben si encontrarán empleo alguno.

Hace poco conocimos la intención de Nissan de cerrar su planta de Barcelona. El cierre afectará a más de 20.000 personas. Así es, un consejo de administración reunido a miles de kilómetros puede decidir el cierre de una planta que resulta crucial para el desarrollo local de toda una comarca. El impacto económico es brutal y las consecuencias sociales dramáticas.

Esa planta está en Barcelona, pero las de Volkswagen y Mercedes están en Iruñea y en Gasteiz. ¿Qué consecuencias tendría algo así en Euskal Herria? En cada planta trabajaban unas 5.000 personas antes del covid-19. Pero el impacto económico va más allá. Muchas pequeñas o medianas fábricas y cooperativas trabajan para estas multinacionales. Si estas caen, las otras se hunden.

Nos presentamos siempre como un país industrial, pero la realidad es tozuda y el peso de la industria disminuye a marchas forzadas. En 2008 al sur del país había trabajando en la industria 317.300 personas. Doce años después son 247.800, lo que supone perder 70.000 empleos industriales. ¡Y falta por ver el efecto de la crisis actual!

La industria pierde peso en nuestra economía a pasos agigantados. Pero hay una cosa que nos debería preocupar todavía más: lo nuestro es un monocultivo industrial y ello nos ata completamente al desarrollo del sector de la automoción. Nuestra actividad industrial está íntimamente ligada a dicho sector y cuando este entra en crisis, nuestra industria también. Y si en cualquier momento, alguien a miles de kilómetros decidiera que le es más rentable deslocalizar dichas plantas, nuestra economía se hundiría irremediablemente en un agujero sin fondo.

Es así como se entienden las políticas condescendientes para con estas multinacionales, las ayudas públicas directas o los planes renove de estos días. ¿Pero de verdad es está la solución? Es cierto que los gobiernos de Iruñea y Gasteiz no tienen todas las competencias en materia económica, pero eso no les exime de la responsabilidad que han tenido en la no implantación y desarrollo de una política industrial activa. En un tiempo, a la administración pública se le exigía que planificara e invirtiera en los sectores industriales estratégicos. Esto ocurría, incluso, en las denominadas economías de mercado. Pero el neoliberalismo arrasó con todo. De la mano de una globalización sin límites, la economía financiera se impuso a la economía real y perdiendo la vergüenza se atrevieron a decir que «la mejor política industrial es la que no existe».

Esa tendencia neoliberal abdujo a nuestros gobiernos y estos se limitaron a ayudar para que el sector aguantará (ayudas fiscales, Pives permanentes...). Ese ha sido el problema. Solo han desarrollado un política industrial para aguantar, no para transformar y ahora estamos padeciendo las consecuencias de todo ello. Por decirlo de forma clara y sencilla: si deseas mantener con tu huerta una dieta sana y equilibrada, debes plantar semillas variadas con el objetivo de obtener frutos y verduras diferentes. Pero si te empeñas en plantar solo tomate, recogerás solo tomate y si vienen mal dadas, tampoco tomate. Nada de nada. Y con el monocultivo industrial ocurre lo mismo. Si no diversificamos y no invertimos en nuevos campos, seguiremos fabricando lo mismo, hasta que alguien decida que lo dejemos de hacer.

Desgraciadamente, en lo que a diversificación e innovación se refiere también vamos marcha atrás y sin frenos. Pongamos el ejemplo de la CAV. El panel de innovación publicado en 2009 situaba esta comunidad en un 0,51, por encima de la media europea (0,48). Diez años después, estamos ya por debajo de la media europea (0,52 la media y 0,50 para la CAV). Muy lejos quedan Dinamarca, Finlandia o Suecia, todas ellas por encima del 0,60.

No se ha querido invertir en I+D+I y se ha preferido invertir en cemento. Sin embargo, todo el mundo sabe que no hay huerta que pueda dar frutos si se asienta sobre cemento. Se ha preferido poner en marcha una obra faraónica como el TAV que va a costar más de 5.000 millones. Mientras, la transición tecnológica y energética que necesita la industria sigue sin acometerse. Ese es el resumen de la inversión pública de los últimos años: mucho cemento y poca tecnología.

Es necesaria otra política industrial que cuente con el liderazgo del sector público, que busque la diversificación y provoque la reflexión necesaria sobre qué y cómo producir. Una política industrial que garantice la necesitada y urgente transición ecológica y energética. Una política industrial que no se base en ajustes salariales y que apueste por las nuevas tecnologías, la investigación y la innovación. Una política industrial que no se sustente en la recalificación de terrenos o en movimientos especulativos. Una política industrial ajustada al territorio, enraizada con sus vidas y comprometida con el desarrollo local, tanto económico como social, comunitario y/o cultural. En definitiva una nueva política industrial para una nueva economía al servicio de las personas y de la comunidad.

De no hacerlo, una mañana nos despertaremos con una noticia de un diario alemán que certificará la defunción de nuestra industria. No nos resignemos a ello.