Con la economía tocada a causa de la pandemia y con cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecidos sin parangón en el resto del planeta, pese a la relativa estabilización en las últimas semanas, Donald Trump ha visto en la vacuna frente al coronavirus el clavo ardiendo al que aferrarse para lograr ser reelegido en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Aunque la polarización causada por la violencia policial contra la población negra y las consiguientes movilizaciones de protesta son una baza que mantiene en la recámara, pues considera que un clima social incendiario podría beneficiarle en las urnas, el magnate neoyorquino sabe que presentar una vacuna contra el covid-19 sería un punto a su favor en la carrera, quizá determinante. Haciéndolo lograría atemperar las críticas recibidas por su gestión de la crisis sanitaria, transmitiría una imagen de esperanza a una población muy necesitada de ella y podría alardear de cumplir su palabra.

Porque lo cierto es que lo ha prometido. «Estamos brindando terapias que salvan vidas y produciremos una vacuna antes de fin de año, o tal vez incluso antes. Derrotaremos al virus, pondremos fin a la pandemia y saldremos más fuertes que nunca». Estas palabras fusieron el broche a su intervención el 27 de agosto en los jardines de la Casa Blanca ante la Convención Nacional Republicana, donde aceptó la nominación de su partido.

Y cualquiera podría preguntarse qué hay de malo en ello, cuando el mundo está aguardando esa vacuna como agua de mayo. La respuesta es que nada, si se cumplen todas las garantías que requiere una empresa de este calibre. Y ahí es donde entran las dudas que han expuesto varios expertos.

Lo ocurrido la pasada semana, en la que la farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir su ensayo clínico –que está desarrollando junto a la Universidad de Oxford– porque uno de los participantes sufre «una enfermedad potencialmente inexplicable», es una advertencia contra posibles atajos.

Una autorización de emergencia

“Science” refleja en un reportaje las inquietudes surgidas a raíz de la promesa presidencial, en un artículo donde explica que profesionales sanitarios están preocupados porque intereses partidistas puedan conducir a la administración a una aprobación «prematura y peligrosa» de una vacuna, que podría pasar el corte gracias a un mecanismo a disposición de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) para lograr un acceso rápido a diagnósticos, tratamientos y vacunas: la autorización de uso de emergencia (Emergency Use Authorization, EUA).

En los últimos meses la FDA ya ha sido objeto de críticas por emitir EUA para dos tratamientos para el covid-19, plasma convaleciente e hidroxicloroquina –revocada posteriormente–, basándose en datos escasos y por una aparente presión política. Paul Offit, un pediatra del Hospital de Niños de Filadelfia que es miembro de un grupo que asesora a la FDA sobre sus decisiones sobre vacunas, expresa a la revista sus sospechas de que la Administración Trump podría buscar una EUA de la vacuna antes de las elecciones para decir que la operación Warp Speed (velocidad máxima), puesta en marcha al inicio de la pandemia para financiar proyectos de vacunas, medicamentos y herramientas de diagnóstico, ha tenido éxito.

Cuando China y Rusia ya han aprobado el uso limitado de sendas vacunas, con críticas también por haberse saltado la fase 3 –aunque la revista médica “The Lancet” acaba de corroborar la seguridad de la rusa–, en EEUU casi se ha convertido en cuestión de orgullo nacional no quedarse atrás y están echando el resto para presentar algo cuanto antes. Un fabricante ya se habría comprometido a entregar las primeras dosis en octubre, aunque fuentes cercanas a la administración admiten que, aun lográndolo, «no habría más vacunas que las necesarias para dar la noticia».

Pero quizá sea suficiente para Trump.

De momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) han pedido a todos los estados del país que estén preparados para distribuir a finales de octubre o principios de noviembre una vacuna, en caso de que se apruebe.

Según informaron hace dos semanas “The New York Times” y la cadena CNN, los CDC enviaron esos documentos el 27 de agosto, el mismo día en que Donald Trump, aseguró que habría una vacuna antes del fin de año.

Los documentos se enviaron a los cincuenta estados de de EEUU y a las autoridades de cinco ciudades: Nueva York, Chicago, Filadelfia, Houston y San Antonio. Los CDC indicaron que su plan todavía es «hipotético» y que simplemente busca empezar a organizar el esfuerzo de planificación y movilización que deberá ponerse en marcha si la Administración de Medicamentos y Alimentos aprueba el uso de una vacuna este año.

Pese a ello, la revelación ha aumentado la preocupación de los expertos en salud pública de que el Gobierno pueda estar presionando para acelerar el proceso. «Es difícil no interpretar esto como un intento de tener una vacuna para antes de las elecciones», lo cual puede tener «ramificaciones relacionadas con la seguridad» del producto, declaró a “NYT” la epidemióloga Saskia Popescu.

Desde la FDA han insistido en que tienen «salvaguardas regulatorias inquebrantables» y que no tomarán atajos. «Confiaremos en los datos y la ciencia cuando se trate de esa decisión sobre un EUA», dijo el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, en una audiencia del comité del Congreso en junio.

Y esta semana, en plena polémica por las palabras de Trump, el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, ha asegurado ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado que «la ciencia por sí sola será la vía en la que se tome una decisión» sobre este asunto.

Peter Marks, responsable de la división de la FDA que supervisa la aprobación de la vacuna, ha prometido que renunciará si la Administración Trump impulsa una vacuna que no sea claramente segura y efectiva. E insiste en que la FDA consultará con el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC) para discutir públicamente los datos relacionados con cualquier solicitud de aprobación.

La próxima reunión del VRBPAC está programada para el 22 de octubre, doce días antes de las elecciones presidenciales.

Compromiso de las farmacéuticas

La FDA emitió en junio una «guía para la industria» donde se dice que cualquier decisión obre una vacuna se basará en factores como «la población objetivo, las características del producto, [y] los datos de estudios clínicos preclínicos y humanos», y especifica que solo aprobará un EUA para una vacuna que tenga al menos un 50% de eficacia.

Por su parte, nueve farmacéuticas han hecho público un compromiso para «garantizar» y «priorizar» la seguridad y el bienestar de las personas vacunadas, en un intento de despejar los posibles recelos, que también se ha interpretado como un intento de sacudirse la presión de la Administración Trump.

Sin embargo, Public Citizen, un organismo fundado por el activista medioambiental y excandidato presidencial Ralph Nader, ha argumentado que independientemente de si la vacuna es efectiva, una EUA podría alimentar las dudas existentes sobre ella.

«La ‘lógica’ de ahorrar varios meses mediante una vía EUA más rápida pero más arriesgada seguramente se verá superada por la pérdida de confianza del público en la vacuna, acompañada de una menor disposición a vacunarse», advirtió. “Science” apostilla que una EUA para una vacuna también podría dificultar el reclutamiento de personas para ensayos clínicos, de esa vacuna y de otras, porque es posible que los participantes no quieran correr el riesgo de recibir un placebo cuando pueden recibir una inyección de un producto autorizado para su uso.

En su artículo, la publicación científica advierte también de que si un candidato a vacuna aprobado apresuradamente resulta ineficaz o tiene efectos secundarios graves, la confianza en lo que muchos ven como la mejor alternativa para poner fin a la pandemia podría caer en picado. Algo muy contraproducente cuando los movimientos antivacunas y negacionalistas de la propia enfermedad se muestran con poco pudor.

Asimismo, el Grupo de Expertos en Ensayos de Vacunas Solidarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) argumentó en un editorial publicado hace unos días en “The Lancet” que una vacuna débilmente eficaz podría empeorar la pandemia si inducía a las autoridades a relajar las medidas de control, como el uso de mascarillas, o si las personas creían que eran inmunes y aumentaban por ello sus comportamientos de riesgo.

Son razones de peso para andar con pies plomo en un asunto, el de la vacuna, que representa la esperanza de millones de personas de volver a abrazar a sus allegados sin miedo ni prevención, de hacer una vida no más anormal de la que era hasta este año.

Pero si esas esperanzas chocan con las de un presidente que opta a la reelección no es fácil aventurar cuáles van a prevalecer. O sí.