Una escena poco común se dio la tarde de ayer en el barrio madrileño de Lavapies. Varios juristas y agentes sociales se reunieron para abordar la situación penitenciaria de los presos vascos y la excepcionalidad a que están sometidos. En un marco infrecuente y bajo estrictas medidas sanitarias, el auditorio se congregó más de cuatro horas para escuchar a los ponentes.

Entre los oyentes de la jornada, convocada por el Foro de Abogados de Izquierda (FAI) y por el Foro Social Permanente, estaban la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua; el vicepresidente de la comisión de Justicia del Congreso, Enrique Santiago (Unidas Podemos); y el senador Koldo Martínez (Geroa Bai).

El puntapié inicial lo dio Elena Vázquez, miembro del FAI, quien reclamó el «cese de la excepcionalidad» y que se cumpla con el espíritu de la ley penitenciaria. Si bien cuestionó que el Supremo diga que «es un principio y no un derecho», aseguró que el no acercamiento de los presos a su entorno familiar «vulnera la ley».

Le siguió Agus Hernan, del Foro Social Permanente, que lamentó las «enormes presiones de un lobby anclado en lógicas del pasado que pretende condicionar los pasos a dar», remarcó que «existe un amplio consenso» en Euskal Herria y llamó a sumar «a tantos demócratas españoles que piensan que ha llegado el momento».

Tras la presentación de Behatokia, observatorio de la política penitenciaria aplicada a los presos condenados por delitos de motivación política, habló por vía telemática el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien recordó la importancia del «examen individualizado» del preso, en detrimento de las decisiones con criterio colectivo, para otorgar el tercer grado.&hTab;

«Ayuda mucho a la normalización tener contacto con el entorno familiar. No se ha hecho con los acusados o condenados por terrorismo y yo creo que no tiene justificación, especialmente ahora que hace tantos años no hay atentados y la banda está disuelta», señaló. Y consideró que si bien «las víctimas tienen derecho a saber la evolución y las medidas que se toman», no deben tener «capacidad de imponer su criterio».

En la primera mesa redonda, que hizo eje en el tránsito hacia una normalización penitenciaria, la profesora de la Universidad Carlos III y miembro del Instituto de Derechos Humanos de esa casa de estudios Silvina Ribotta afirmó que «para normalizar lo primero que hay que hacer es poner nombre a las cosas, y la política de dispersión de presos es maltrato y tortura».

«No utilizo un concepto amplio de tortura, sino estricto», añadió, y leyó las descripciones al respecto en el Código Penal español, la Convención de Ginebra y la Relatoría contra la Tortura de la ONU. En ese sentido, concluyó que «en el Colectivo de Presos de ETA se cumplen las dos características para la tortura, que es la vulnerabilidad y la discriminación», y ha señalado que la dispersión también es parte del intento de tormento a los presos porque la forma más moderna «es la tortura psicológica; se actúa sobre la mente y no el cuerpo».

Por su parte, la abogada de presos vascos Amaia Izko hizo hincapié en «dos cuestiones independientes pero muy relacionadas: una es humanizar la política penitenciaria y la otra es la necesidad de resolver la cuestión como un modo de impulsar la convivencia democrática plena en Euskal Herria».

1979 versus 2003

Izko llamó a «recuperar la filosofía que animó la legislación penal básica de 1979, en la que primaban los principios de resocialización y recuperación frente a otros principios de prevención general», y subrayó que «la desaparición del criterio humanitario alcanza su punto culminante en 2003, con la Ley de cumplimiento Integro y Efectivo, que crea otro paradigma».

«Que no cumplan la condena cerca de su familia supone arrasar cualquier principio humanista y llevar al límite la ejecución penitenciaria, que salta por los aires. Debe estar basada en el tratamiento científico individualizado», puntualizó Izko. Y destacó que aunque la ley de 2003 «debería modificarse», en el resto de la legalidad también hay que evitar discriminaciones. Citó como ejemplo a uno de sus defendidos, que cumple la condena en una cárcel de Córdoba, a 800 kilómetros de su casa en Iruñea, y está en aislamiento en primer grado «a pesar de que ya tiene 15 años de cumplimiento sobre 20 y a pesar de que ya expresó por escrito una reflexión crítica respecto a los hechos y su compromiso por las vías únicamente políticas».

En tanto, el profesor de la Universidad Complutense y abogado de algunos de los presos de la «vía Nanclares» Xabier Etxebarria alertó que la «orientación general de toda esta excepcionalidad se sitúa en la construcción de lo que se llama Derecho Penal del Enemigo» y, advirtiendo que diría «algo polémico», pidió que a los presos de ETA se los empiece «a llamar delincuentes, porque es lo que son, gente que ha cometido delito», considerando que «las definiciones de presos políticos o similares no ayudan».

«No hay incentivos políticos para que haya un cambio legal, porque el beneficio es nulo y el coste político es alto. Por tanto, la normalización tendrá que venir con la modificación de pauta de comportamiento», señaló Etxebarria, algo que también coincidió en que es posible dentro de la normativa vigente.

También intervino en representación de la Asociación Libre de Abogados, el jurista Daniel Amelang, quien criticó las «dificultades para acceder al tercer grado» y que medidas como el aislamiento hayan sido «la norma y no la excepción», así como que en muchos autos se encuentran rechazo a la progresión de grado para un preso «con explicaciones muy vagas, que hablan de la gravedad del delito o la trayectoria delictiva, algo que no debería suceder».

La última en hablar fue la magistrada de Toledo y miembro del secretariado de la asociación Jueces para la Democracia Marta Vicente, quien al comenzar su ponencia pidió tener en cuenta que «no todos los jueces son los del Supremo o la Audiencia Nacional, también están los que trabajan día a día dejándose la piel con pocos recursos».

Vicente se sumó a las críticas por la reforma legal de 2003 y dijo que le resulta «llamativo que se le permita a la víctima recurrir determinadas decisiones». Se preguntó si «no se ha convertido su participación en obstáculo para la reinserción».

INTERVENCIONES

«Hay que recuperar la filosofía de 1979, en que primaba la resocialización»

AMAIA IZKO

Abogada de presos vascos

«No se puede denegar el tercer grado con explicaciones así, muy vagas»

DANIEL AMELANG

Asociación Libre de Abogados

«Se creó la construcción de que al terrorista se le puede torturar»

SILVINA RIBOTTA

Universidad Carlos III

«Las víctimas tienen derecho a saber la evolución, no a imponer su criterio»

JOSÉ A. MARTÍN PALLÍN

Juez emérito del Supremo