La ciudad de Cali se encuentra militarizada después de que el presidente colombiano, I&bs;ván Duque, ordenara el «máximo despliegue» militar y policial tras la escalada represiva y de violencia que el domingo (madrugada de ayer en Euskal Herria) tuvo su punto álgido con el ataque armado a la Minga indígena, que dejó diez heridos. Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, decretó el cierre del departamento durante cinco días debido al aumento de la tensión en la zona.

En pleno Paro Nacional, que ayer cumplió 13 días de protestas, supuestos civiles armados –paramilitares con complicidad de la Policía, según varias denuncias– dispararon contra jóvenes miembros de la Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, que no van armados, e hirieron a una decena de ellos mientras Duque realizaba una visita relámpago a Cali, a donde había dicho que no acudiría para no «distraer» a la Fuerza Pública.

En respuesta, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y el pueblo nasa del departamento de Tolima llamaron a las organizaciones y pueblos originarios a mantener la protesta (minga) permanente en defensa de sus derechos ancestrales ante la respuesta represiva a las manifestaciones antigubernamentales y las masacres del Esmad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la misión de la ONU en Colombia, entre otras organizaciones y organismos internacionales, denunciaron el ataque con armas de fuego contra la movilización indígena.

Visita relámpago

En su visita relámpago, el mandatario presidió en Cali un «consejo de seguridad» en el que participaron los ministros de Interior, Defensa y Justicia, los comandantes de las Fuerzas Armadas, el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle, y ordenó «proteger a la ciudad de Cali y al Valle del Cauca (…) y a todos sus ciudadanos». Defensa informó de que se desplegarán 10.000 policías y 2.100 militares más.

La medida fue criticada por el partido Comunes, que denunció que «con el ataque paramilitar de Cali se puede decir que Duque y el uribismo sacaron a la luz su verdadero pie de fuerza». Marcha Patriótica se sumó a las críticas al indicar que «el partido del Gobierno (siempre se ha sabido) ahora destapa descarada y públicamente su talante fascista y su vocación militar».

Las protestas, convocadas por el Comité de Paro Nacional, estallaron contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno, pero continúan contra el intento de reformar la sanidad y las pensiones, contra la brutalidad policial y contra las políticas neoliberales del Ejecutivo. Según la ONG Temblores, son ya al menos 47 los muertos –27, según el Gobierno– desde que comenzaran las protestas –39 de ellos a manos de la fuerza pública–, que ayer continuaron en varias ciudades.

El Comité de Paro Nacional aceptó la invitación de Duque para iniciar un diálogo y ayer tuvo lugar la primera reunión.

Mientras, la Comisión de Paz del Senado llegó a Cali en compañía de delegados internacionales para escuchar a los afectados por la violencia.